Guillero Lasso, líder de CREO, calificó como una "concesión a dedo", sin que medie un concurso público internacional, para la construcción de un moderno terminal marítimo en Posorja, provincia del Guayas.

El precandidato presidencial indicó, además, que según el artículo 100 del Código de la Producción, el Presidente Saliente tiene dos opciones por tratarse de una empresa extranjera de propiedad estatal: podrá delegar mediante concurso público o podrá hacerlo por asignación directa (a dedo). Y en este caso eligió la segunda opción, sin dar un solo motivo en el Decreto Ejecutivo firmado para el efecto.

«¿Por qué el Gobierno eligió la vía menos transparente sin dar una sola razón sobre la necesidad de hacerlo? ¿Qué necesidad existe de hacer las cosas al apuro, sin valorar otras opciones?», afirmó a través de un comunicado.

Ante estas afirmaciones, Isabel Noboa, empresaria ecuatoriana y representante de la corporación Nobis, aclaró que la construcción del Puerto no es una concesión, ni ha sido otogada a dedo, ni usando la vía menos transparente. «DP World lleva cuatro años luchando por el Puerto, manteniendo reuniones con los más altos funcionarios, buscando los mejores intereses para ambas partes y esperando ansiosa poder traer sus inversiones», dijo.

Asimismo, la empresaria aclaró que el contrato firmado no es una concesión sino una alianza público-privada, respetando la Constitución y las leyes vigentes que regulan este tipo de inversiones.

“Al asociarnos minoritariamente con DP World, la cuarta mayor operadora de puertos del mundo, pensamos en el país, en su desarrollo, en su competitividad, en la creación de miles de plazas de trabajo para una mejor calidad de vida de nuestro pueblo”, afirma el comunicado.

Sin embrago, Lasso afirmó que la vía para este tipo de concesiones siempre debe ser la más transparente, que ofrezca un proceso  lleno de garantías para el interés de todos los ecuatorianos. Por eso exigimos la celebración de un concurso público internacional.  «La falta de transparencia obliga a un futuro gobierno a fiscalizar todo el proceso para revisar sus condiciones», detalló.