A la diligencia asistió Cinthia Díaz, esposa del Segundo Mandatario, así como, Eduardo Franco Loor, abogado del Vicepresidente; el fiscal general Carlos Baca, y representantes de la Procuraduría. En la mañana, en una entrevista con EL COMERCIO, Franco Loor aseguró que pedirá que se aplique cualquier otra medida distinta a la prisión preventiva.
El artículo 522 se fijan cinco modalidades para garantizar la presencia de un sospechoso en el juicio: prohibición de salida del país, la presentación periódica ante el juez, el arresto domiciliario, el uso de un dispositivo electrónico o la prisión. Inicialmente, a Jorge G., se le prohibió que salga del país.
Esta medida regía desde agosto pasado, cuando fue vinculado al proceso de asociación ilícita. Sin embargo, esa disposición judicial fue modificada por la prisión preventiva, el 2 de octubre, por pedido de la Fiscalía.
El fiscal general Carlos Baca aseguró entonces que se recopilaron nuevos indicios que apuntan al Vicepresidente en el delito de asociación ilícita. Y advirtió que había riesgo de fuga.
Fuente: El Comercio
