La crisis que enfrenta el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), reconocida por sus autoridades el 9 de enero, confirma las denuncias que durante los últimos años hicieron afiliados, jubilados, trabajadores y diversos sectores sociales sobre los efectos negativos de medidas adoptadas sin sustento técnico ni financiamiento.

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Asociaciones de jubilados y trabajadores, consultados por EL TELÉGRAFO, manifestaron que la situación debe ser solucionada sin que se perjudique a los afiliados y pensionistas. Advierten movilizarse.

No están de acuerdo, por ejemplo, con la posibilidad de revisar las tasas de aportación ni la edad de jubilación, como parte del diálogo nacional convocado por Paúl Granda, presidente del consejo directivo del IESS.

Exigen que el Estado pague lo correspondiente al aporte del 40% desde 2015, eliminado en ese año y restituido en 2018 por la Corte Constitucional. Para este año el Ministerio de Finanzas destinará $ 1.242 millones por este rubro, de los $ 1.755 calculados por el Instituto.

También piden que se cancele el dinero de las prestaciones médicas, borrado de los balances en 2015 y que la Contraloría ordenó reincorporar en 2017.

Otro de los requerimientos es que se derogue la Resolución 501, de 2015, que invirtió el aporte a los fondos de pensiones y salud.

Finalmente, solicitan que los expresidentes del directorio, Ramiro González y Richard Espinosa, los miembros del consejo directivo y directores generales sean procesados judicialmente.

Fuente: El Telégrafo – Nota Original: LINK