Tras dos días de audiencia, el juez de garantías constitucionales Mauricio Estrella aceptó la tarde de este viernes la acción de protección presentada por la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces (Aemaj) contra el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y su ministro Richard Martínez.

La decisión adoptada señala que se han vulnerado los derechos de jueces y servidores judiciales ha tener un sueldo a tiempo y conminó al MEF a que realice los pagos mensuales dentro de los primeros cinco días de cada mes.

La Aemaj presentó su recurso ante el constante retraso en el pago de sueldos de jueces y demás servidores judiciales. Según el documento de la acción de protección, el MEF canceló con retraso los sueldos de los meses de marzo, abril y mayo pasados. En mayoría los sueldos llegaron entre 13 y 16 días después al mes vencido.

El abogado de Aemaj, Paúl Ocaña, mencionó que la acción de protección no solo reclama por el incumplimiento y retardo en los pagos de sueldos, sino también por la discriminación que existía contra los funcionarios judiciales en esas cancelaciones.

Ocaña habla de discriminación, porque explica que a ciertas instituciones del sistema judicial, como la Fiscalía o la Policía, el MEF o el Estado les está pagando puntualmente y solo en los casos de los funcionarios judiciales y jueces existe un pago con retraso.

A decir de los demandados, es decir, el MEF, no existiría tal discriminación, sino que lo que no hay en el Estado en este momento son recursos. Ocaña criticó esa respuesta, asegurando que el artículo 286 de la Constitución indica que hay derechos primordiales que deben ser atendidos como parte del Estado y son salud, educación y justicia.

El 21 de julio pasado, el pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) pidió al MEF que cumpla con el pago de las remuneraciones a los servidores judiciales, que no realice más recortes presupuestarios a la Función Judicial y que se asigne lo que corresponde para el pago de proveedores para así permitir a los ciudadanos un real y efectivo acceso a los servicios de justicia.

La presidenta del CJ, María del Carmen Maldonado, explicó que la Función Judicial ha sufrido “recortes presupuestarios importantes”. En 2019 $12,3 millones y en lo que va del 2020, $ 7,2 millones, lo que sumaría un recorte total que supera los $ 19,5 millones.

Maldonado refirió que estas reducciones han tratado de afectar el funcionamiento de la Función Judicial como tal, pero aclaró que el CJ habría realizado “esfuerzos gigantescos” para que el servicio de justicia continúe.

Nota Original: El Universo – LINK