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La Justicia de Ecuador rechazó "por improcedente" una acción de protección solicitada por el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, para que no se le aplique un protocolo que regula sus condiciones de vida en la embajada ecuatoriana en Londres, donde está asilado desde 2012.

Fotografía tomada de Twitter

“La señora jueza (Karina Martínez) ha emitido su sentencia y ha rechazado la acción de protección planteada por Assange”, dijo en declaraciones a los medios el procurador general del Estado, Iñigo Salvador.

La decisión se tomó tras una audiencia en la que el activista australiano prestó testimonio por videoconferencia, en el que expresó su temor a ver terminado el asilo.

En su intervención, Assange mencionó un presunto diálogo entre el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, que visitó Ecuador en junio pasado, y el jefe de Estado, Lenín Moreno, en el que supuestamente se solicitó la entrega del activista.

“No quiero meterme en política, pero vemos que el Gobierno ecuatoriano está apoyándose más en Estados Unidos y Reino Unido, con mayor influencia”, dijo el australiano.

El Procurador cuestionó las aseveraciones del activista, y subrayó que el Ecuador es un país soberano y no se deja influir por injerencias externas. “Rechazamos esas maliciosas y perversas declaraciones, el Ecuador no actúa por presiones de otras naciones”, aseguró.

Este lunes 29 de octubre se retomó la diligencia en el Complejo Judicial Norte, en Quito. El jueves pasado se había suspendido por problemas técnicos y de traducción.
Baltasar Garzón, uno de los abogados de Assange, presentó el recurso en contra del procurador Salvador y el canciller José Valencia.

El protocolo le exige a Assange mantener unas reglas básicas de higiene y limpieza y regula las visitas. Su defensa cree que ese documento “unilateral” viola los derechos como asilado al australiano, quien fue nacionalizado ecuatoriano en diciembre de 2017, como vía para tratar de poner fin a su situación.

Ecuador defiende que, como país que concede el asilo, tiene el derecho y la capacidad de imponerle una reglas mínimas de seguridad e higiene.

Fuente: El Telégraf – Nota original LINK