Compartir

La conjueza de la Corte Nacional de Justicia, Magali Orellana, cambió la orden de prisión preventiva que pesaba sobre Fernando Villavicencio.

El Telégrafo

El 12 de octubre del 2017, la magistrada decidió que el exsindicalista use un dispositivo de vigilancia electrónica mientras se lo investiga por la supuesta divulgación de documentos reservados. Se trata de una demanda que fue planteada por el expresidente Rafael Correa.

El activista deberá asistir a alguna unidad judicial el miércoles 18 de este mes para que se le coloque el dispositivo. La esposa de Villavivencio, Verónica Saráuz, todavía no conoce si será en la Corte Nacional o en la Unidad de Flagrancia de Pichincha. En este último lugar, se colocó el 19 de julio, la tobillera electrónica al exasambleísta Cléver Jiménez. Él también está procesado en este caso.

Para Saráuz, el uso de un brazalete electrónico es “una medida infame” que violenta los derechos humanos. Ella defiende la inocencia de su esposo y asegura que en las publicaciones que realizó destapó casos de corrupción de funcionarios públicos que ahora son investigados por la Fiscalía. Esperará la notificación judicial, que se dará en un plazo de tres días, para acompañar a su esposo en la diligencia.

Hasta este 13 de octubre, la defensa de Villavicencio no sabía sí el exsindicalista iba a aceptar la medida. Julio César Sarango, abogado, comentó que estaban analizando la decisión de Orellana. En julio, cuando se ordenó el uso del grillete para los dos implicados, Villavicencio había dicho que no aceptaba la decisión ya que él no “había cometido ningún delito”.

La comunicación fue vía telefónica con este Diario desde Perú, país en el que buscaba asilo político. Saráuz tampoco conocía, hasta la tarde del 12 de octubre, si su esposo iba a aceptar el ‘grillete’. Ella dijo que es una opción para evitar que elementos de la Policía vigilen su casa. Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), el uso del dispositivo permite la vigilancia en tiempo real de personas que no han recibido sentencia. El objetivo es que se defiendan en libertad.

Fuente: El Comercio