La demanda civil fue presentada hace una década por ocho familias de víctimas en el período de conflicto social en el país sudamericano conocido como la “Guerra del Gas”, durante el cual murieron más de 60 personas y cientos resultaron heridas.
El caso fue sometido a juicio en una corte federal en Fort Lauderdale, Florida.
Los demandantes alegaron que los exlíderes del gobierno boliviano ordenaron a militares usar la violencia para reprimir las manifestaciones contra un plan para exportar gas natural a través del vecino Chile.
Los abogados defensores que representan a los exlíderes dijeron que confiaban en que el tribunal revocará el veredicto del jurado.
Sánchez de Lozada, un magnate de la minería educado en Estados Unidos, y su ministro de defensa Carlos Sánchez Berzain, renunciaron en octubre de 2003. Ambos huyeron de Bolivia para vivir en el exilio en Estados Unidos.
Las protestas ayudaron a impulsar el ascenso al poder del líder izquierdista Evo Morales, quien cumplió con las demandas de los manifestantes de nacionalizar la industria del gas natural después de asumir el cargo en 2006.
El Gobierno boliviano ha buscado repetidamente la extradición de Sánchez de Lozada.
Los familiares están representados por un equipo de abogados del Center for Constitutional Rights (CCR) -un organismo sin fines de lucro-, la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de Harvard y varios estudios privados de abogados.
Estados Unidos permiten la presentación de demandas civiles en el país en ciertos casos internacionales de derechos humanos.
Los demandantes incluyeron una pareja cuya hija de ocho años recibió un disparo de bala perdida.
