El movimiento Justicia Social persiste en inscribir como su candidato presidencial al empresario Álvaro Noboa, y solicitó al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) que dicte medidas cautelares para que el Consejo Nacional Electoral (CNE) detenga la impresión de las papeletas para los comicios nacionales del 7 de febrero del 2021 y que se abstenga de la asignación el Fondo de Promoción Electoral (FPE) para la campaña, que arrancó el 31 de diciembre pasado.

Sin embargo, la solicitud fue inadmitida por el pleno del Tribunal este 7 de enero último, argumentando que únicamente los jueces constitucionales pueden emitir medidas cautelares.

El director del movimiento, Jimmi Salazar Sánchez solicitó al TCE que emita medidas cautelares para que el Consejo Nacional Electoral se «abstenga de imprimir las papeletas electorales de todas las dignidades de elección popular de febrero del 2021, y que se garantice que todos los sujetos políticos tengan el mismo tiempo para realizar su campaña electoral».

Además, que se disponga al Consejo que se «abstenga de entregar los fondos de promoción electoral, mientras no estén definidos todos los candidatos para los comicios».

El FPE asciende a los $ 15′ 9 millones y fue asignado en diciembre pasado, frente al inicio de la campaña electoral que se extenderá hasta el 7 de febrero próximo, para que los candidatos a las diferentes dignidades puedan promocionarse en los medios de comunicación.

Además, la organización política exigió al Tribunal que esas medidas se mantengan «vigentes» hasta que se «emita un pronunciamiento definitivo sobre la causa 131, y el Consejo Electoral certifique el cumplimiento de lo resuelto».

En dicha sentencia 131, el juez electoral Joaquín Viteri dispuso al Consejo que se precisen las circunscripciones electorales y las candidaturas sobre las que Justicia Social debe realizar democracia interna, designación de candidatos y aceptación de dichas candidaturas; y, las circunscripciones electorales y dignidades sobre las que pidió calificación de candidaturas.

El pleno, con el voto de los jueces Patricia Guaicha, Ángel Torres, Joaquín Viteri, Femando Muñoz, y Guillermo Ortega inadmitió esta solicitud de medidas cautelares, esgrimiendo que Salazar «yerra al dirigir la solicitud de medidas cautelares autónomas al Tribunal Contencioso Electoral, órgano jurisdiccional en materia electoral que nada tiene que ver con las autoridades judiciales competentes de primera instancia de la Función Judicial, para conocer y resolver garantías jurisdiccionales constitucionales, incluidas las solicitudes de medidas cautelares».

Y, en el marco de la impresión de papeletas, la presidenta del Consejo Electoral, Diana Atamaint informó este 8 de enero, que el Instituto Geográfico Militar (IGM) avanzó en un 100% en la impresión de papeletas de los candidatos a asambleístas del exterior.

De los candidatos a asambleístas nacionales en un 21%; para asambleístas provinciales en un 62%; y, de los 16 binomios presidenciales en un 14%.

No obstante, le preocupa que no pueden arrancar con la impresión de las papeletas de los candidatos a parlamentarios andinos, porque aún hay recursos pendientes de resolver en el TCE, dijo la funcionaria.

«No tenemos nada sobre la papeleta de parlamentarios andinos que es de preocupación. Esperamos no tomar medidas drásticas para la impresión de esta papeleta, pero en los próximos días, horas, daremos a conocer qué sucede. Aún hay recursos pendientes del TCE y mientras no tengamos una certificación no podemos proceder», señaló Atamaint.

Atamaint, junto a los consejeros Enrique Pita y Luis Verdesoto participaron la mañana de este viernes, en un acto oficial para entregarle al alcalde de Quito, Jorge Yunda el Protocolo para evitar contagios de COVID-19, durante la campaña electoral.

 

Nota Original: El Universo – LINK