El legislativo analiza tres escenarios para la contribución especial que deberán realizar las empresas que facturan más de un millón de dolares. La normativa, que regirá por tres años, analiza la división de porcentajes por rango de empresa.

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Hoy se reúne el pleno de la Asamblea para tratar la Ley Tributaria. Crédito: Redes Sociales

Tres escenarios se manejaban el viernes en la Asamblea para definir cómo será la contribución especial por tres años que deberán realizar las empresas que facturan más de un millón de dólares y que fue propuesta por el Ejecutivo en el proyecto de Ley de Simplicidad y Progresividad Tributaria, que ayer se debatió en primera instancia, en el pleno de la Asamblea.

El primer escenario propuesto establece una contribución de 0,10 %, 0,15 % y 0,20 % de los ingresos para tres rangos de empresas: las que facturan de $1 millón a $5 millones, de $5 millones a $10 millones y de $10 en adelante.

Sin embargo, los asambleístas buscaban cambiar la tabla. Una posibilidad era mantener los tres rangos del Ejecutivo pero aumentar uno de $15 millones en adelante, y que pagaría 0,25 %. Otra propuesta, en cambio, era que paguen las empresas que facturan de $10 millones a $15 millones, que pagarían 0,25 %, y de $15 millones en adelante, 0,30 %.

 

El presidente de la Comisión de Régimen Económico que elaboró el informe de la ley, Daniel Mendoza, explicó que existe casi un 80 % de consenso con respecto al proyecto.

Pero también detalló los temas delicados que no lo tienen. Uno de ellos es el devengamiento del pago de espectro radioeléctrico (hasta en un 80 %), por parte de las empresas telefónicas a través de obras.

El Gobierno busca que estas obras generen una mayor cobertura del servicio.

No obstante, varios asambleístas están opuestos. El viernes Hermuy Calle (RC) se mostró contrario a permitir este tipo de pago. Para Ximena Peña (AP) una alternativa sería bajar el porcentaje de devengamiento y que sea máximo 30 %.

Otro tema sin consenso es la propuesta del Gobierno de pagar el IVA a los Gobiernos Descentralizados con bonos.

La asambleísta Gabriela Larreátegui (SUMA) propuso que haya un límite.

En su intervención también pidió que el impuesto a las fundas plásticas sea de 10 centavos de dólar por funda sin importar su tamaño. En su opinión, lo que se busca es desincentivar el uso del plástico. La propuesta del Ejecutivo es que suba el impuesto paulatinamente (3, 7 y 10 centavos) en tres años.

Vicente Almeyda (PSC) consideró que es una ley impuestera, no beneficia al ciudadano. Su propuesta fue que se realice una votación dividida, durante el segundo debate. Los segmentos serían el denominado “positivo” (sacrificio fiscal) y los impuestos (negativos).

El debate se cerró a las 17:24, luego de 26 intervenciones. El segundo debate será entre el 6 y 7 de diciembre.

 

Fuente: El Universo – Nota Original: aquí