Frente a la situación que afrontan los asambleístas Gabriela Rivadeneira, Soledad Buendía y Carlos Viteri Gualinga, con solicitud de asilo en México, la Asamblea decidió modificar el reglamento de multas por ausencias y atrasos de funcionarios.

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Imagen: Archivo

Desde ayer, jueves 25 de octubre, el reglamento de multas por ausencias y atrasos tiene un nuevo artículo: el número 10. Allí se precisan los pasos a seguir cuando por una causa administrativa y/o judicial un asambleísta no puede acudir a cumplir con sus funciones en el Pleno o en las comisiones.

En este sentido se autoriza al Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) a proceder “a la principalización provisional del asambleísta suplente, o del asambleísta que corresponde sin necesidad de excusa del principal”.

“El asambleísta principal no percibirá su remuneración, de tal forma que el asambleísta suplente o el asambleísta que le corresponda, percibirá la respectiva remuneración y ejercerá todos los derechos inherentes a su cargo”, agrega.

La reforma indica que esta medida se aplicará “hasta que se supere la causa administrativa y/o judicial que impida la asistencia al Pleno y/o comisiones, así como el efectivo ejercicio del cargo al titular, y que esta sea comunicada al CAL por el asambleísta principal”. Para ello, el CAL debe aprobar una resolución con los votos de la mitad más uno de los (7) miembros de este organismo.

El caso de los tres asambleístas del correísmo, la decisión se tomó por unanimidad, y luego de que ellos presentaran sus argumentos al Consejo, mediante medios telemáticos desde la Embajada de México en Quito, en donde permanecen desde hace casi dos semanas.

Con la resolución del Consejo de Administración, José Agualsaca asumió el puesto que le correspondía a Rivadeneira; Xavier Casanova, en lugar de Buendía y Martha Chong, en vez de Viteri.

Los otros no han hecho pronunciamientos públicos. El Reglamento para los parlamentarios data del 29 de mayo de 2013. La última reforma se dio el 20 de septiembre de 2017, luego de que la Contraloría observara el pago de remuneraciones a la entonces asambleísta Esperanza Galbán, pese a haber sido detenida.

Esto también sirvió de precedente para que el CAL suspendiera el pago del sueldo al asambleísta correísta Yofre Poma, quien guarda prisión preventiva por su presunta participación en la toma de un pozo petrolero, durante las protestas que se dieron entre el 3 y el 13 de octubre.

En lugar de Poma se desempeña su asambleísta alterna, Lisseth Andrade. Mientras que en relación al pedido de asilo en México por parte de los otros tres legislasdores, la Cancillería ecuatoriana todavía no ha recibido una notificación del gobierno de ese país.

Fuente: El Comercio – Nota Original: LINK