La Corte Internacional de Justicia (CIJ) se declaró hoy competente para juzgar también la segunda demanda que Nicaragua interpuso contra Colombia, en la que Managua pidió al tribunal que le conceda una plataforma más allá de las 200 millas náuticas desde su costa en el mar Caribe.

El juez presidente de la CIJ, Ronny Abraham, leyó la sentencia, la segunda en un mismo día a favor de Nicaragua y que se refiere a la demanda que presentó Managua el 16 de septiembre de 2013 contra Colombia por considerar demostrado que el margen continental nicaragüense se extiende más allá de las 200 millas náuticas.

Pidió a la CIJ, además, que indicara los derechos y deberes de los dos Estados en relación con el área de pretensiones superpuestas y el uso de sus recursos hasta que se delimite con precisión la línea de demarcación.

No obstante, según Bogotá, la plataforma continental de las islas del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que se extiende hacia el este en 200 millas náuticas, «se une incuestionablemente con la plataforma continental que tiene la costa caribe colombiana», la cual se expande hacia el noroeste y hacia el conjunto de islas en al menos 200 millas.

Nicaragua insiste en que la sentencia de la CIJ de noviembre de 2012 en la que el alto tribunal de la ONU remodeló la frontera marítima entre ambos países «no especifica nada» sobre la plataforma continental.

Por el contrario, el Gobierno de Bogotá defendía que el caso estaba cerrado desde entonces y que la CIJ no tenía competencia para abordar la demanda nicaragüense.

En 2012 la CIJ definió la frontera marítima única entre la plataforma continental y las zonas económicas exclusivas de Nicaragua y de Colombia dentro del límite de las 200 millas náuticas, a partir de las líneas de base desde las cuales se mide la anchura del mar territorial de Nicaragua.

Los jueces dejaron bajo soberanía colombiana siete cayos del archipiélago de San Andrés, y a Nicaragua le otorgaron una franja marina en esa zona, que Colombia calcula en unos 75.000 kilómetros cuadrados y, el país centroamericano, en más de 90.000.

El fallo de la CIJ fue considerado «inaplicable» por el Gobierno de Bogotá, si no se firma antes un tratado que garantice los derechos de los colombianos en la zona.