El Pleno de la Asamblea instaló la sesión 816, en la que se iba a posesionar los consejeros suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, sin embargo, ninguno de ellos asistió. Dos se excusaron y otro renunció. Mientras tanto, los vocales de mayoría, Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo, fueron restituidos, gracias a una medida cautelar concedida por un juez de La Concordia, y continúan sesionando en el Pleno de la institución.

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En Notimundo Estelar, Salim Zaidán, abogado constitucionalista, rechazó esta decisión debido a que la medida cautelar conjunta procede cuando hay “amenaza de vulneración de derechos” y, en este caso, la decisión ya fue tomada y se los censuró y destituyó, es decir, ya se produjo la vulneración, cuando se emitió esta medida.

Zaidán agregó que “la clase política ha activado el mecanismo de garantías jurisdiccionales para resolver pugnas políticas” y aseguró que los jueces no se atreven a sancionar a los usuarios del sistema de justicia cuando abusan del uso de esta medida legal.

En este sentido, Zaidán insistió en que no es la primera vez que los consejeros y actores políticos abusan de las acciones de protección y medidas cautelares, y recalcó que esto se da por la pugna de quien controla el CPCCS pues es una entidad encargada de designar a las autoridades de control y justicia.

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