Un día antes del relevo de las comisiones legislativas, los integrantes de la Mesa de Fiscalización se reunirán para definir la censura contra la excanciller María Fernanda Espinosa. En la cita se evaluarán las pruebas presentadas durante la investigación.
Los legisladores acusadores entregaron 2.700 hojas con evidencias de las supuestas irregularidades en la nacionalización del hacker australiano Julian Assange.
También la falta de apoyo a los familiares de las víctimas del Frente Óliver Sinisterra y el presunto abandono a los ecuatorianos que residen en Venezuela afectados por la crisis de la nación.
En su respuesta, Espinosa sostuvo que la mayoría de las pruebas no tenía validez ni sustento, por lo que pidió que se cierre el juicio político. En la decisión se tomarán en cuenta los testimonios de funcionarios públicos, familiares de los periodistas asesinados y reporteros que acudieron a la Comisión.
En el último día de la recepción de los testimonios, Mauricio Baus, subsecretario de Asuntos de América Latina, defendió la acción de la Cancillería en la crisis de la frontera del año pasado, que dejó 10 personas fallecidas, entre ellas los periodistas Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra.
En otro testimonio, vía videoconferencia, se escuchó al cónsul de Ecuador en Caracas, Víctor Argoti, quien indicó que se ha atendido de manera regular los requerimientos de ecuatorianos residentes en Venezuela. En el caso de Caracas y otros estados que son parte del Consulado, alcanzan los 200.000 compatriotas.
Además, la Comisión de Fiscalización escuchó la semana pasada el testimonio de Mauro Silva, exdirector de naturalización de la Cancillería, quien comentó que desconoció el proceso de naturalización de Julian Assange.
También, Jorge Troya, exdirector del Registro Civil, aseguró que Julian Assange no obtuvo cédula u otro documento, mientras dirigió la entidad.
