Para Aguayo, miembro del Ministerio de Energía y Recursos no renovabales, la Consulta Popular es ambigua y confusa pues compromete una actividad que genera recursos importantes para el Estado; ingresos que podrían aumentar el Producto Interno Bruto del país.
En ese sentido, el Director jurídico aseguró que «no todas las comunidades» están de acuerdo con la realización de la Consulta Popular. Además, indicó que de permitirse la actividad minera, el Estado garantizará el cuidado de los trabajos que se realicen.
