En Notimundo al Día, Juan Francisco Guerrero, abogado constitucionalista, señaló que con la suscripción del Decreto 607 el proceso de la consulta popular entra en la recta final, luego de superar una serie de obstáculos de orden jurídico en la Corte Constitucional (CC). Recordó que esto ocurre despúes del tercer pedido que envió el Primer Mandatario, donde se se incluían dos preguntas para modificar el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y la Ley de Régimen Tributario, y que no fueron aceptadas.
Con esto, fueron ocho las preguntas que recibieron un dictamen favorable de la CC. Ahora, está en manos del Consejo Nacional Electoral (CNE) realizar la convocatoria para que el plebiscito se desarrolle en las elecciones seccionales de febrero de 2023.
Guerrero destacó la importancia de las preguntas aprobadas, como la de la extradición por cierto tipo de delitos o la reducción del número de asambleístas. En este sentido, explicó que el Gobierno tiene el reto de que el debate se centre en el contenido de las preguntas, y no en una especie de medición de la aprobación del Régimen.
#JuanFranciscoGuerrero: «La #ConsultaPopular tiene preguntas diversas y de complejidad importante. El reto del Gobierno es que el debate se centre en su contenido y no se lo lleve a la aprobación o desaprobación de su gestión»
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— NotiMundo (@notimundoec) November 30, 2022
Asimismo, Guerrero consideró que lo que se debe evitar es un pronunciamiento en bloque, donde la población vote por el «Sí» o el «No», sin entender las implicaciones que tienen las ocho preguntas.
Resaltó que la crisis institucional y de seguridad que vive el país merece que se tome con seriedad la decisión para aprobar el referéndum y con ello se pueda dar una salida a los problemas urgentes que aquejan a la población. «Todas las preguntas implican una modificación de la Constitución y por ello tienen anexos importantes», indicó Guerrero.
Finalmente, precisó que el último bloque de preguntas que remitió Lasso a la CC no comprendía moficaciones a la Constitución sino a cuerpos legales, por lo que esas reformas deberán enviarse a la Asamblea Nacional para que se traten de forma inmediata, por la realidad que vive el país.
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