Desde la excusa de un juez por ser compadre de un abogado, certificados por enfermedad, ausencias por estudios y recusaciones. Esa fue la estrategia que utilizó la defensa de Iván Espinel para dilatar el proceso por enriquecimiento ilícito.

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Iván Espinel fue sentenciado a 10 años de prisión por lavado de activos. Crédito: El Telégrafo

El 22 de febrero de este año se realizó la primera convocatoria para la audiencia preparatoria de juicio. Pero durante ocho meses el caso pasó por cuatro jueces y diez diligencias fallidas. Hasta que el martes pasado se instaló y el juez de Garantías Penales, Jorge Martínez, resolvió la nulidad.

Según la Fiscalía, el exministro de Inclusión Social no pudo justificar USD 555 000 y apeló el fallo porque considera que hay las pruebas suficientes para que sea juzgado por enriquecimiento ilícito.

El primer retraso ocurrió, el 8 de marzo pasado. La audiencia no se instaló por inasistencia de la abogada defensora, Vanessa Zavala, que dijo estar “indispuesta de salud” y envió un certificado del IESS.

Luego, el mismo día, ella y el otro abogado, César García, presentaron una demanda de conflicto de competencia. Estaban en acuerdo en que el caso lo llevara un juez de Samborondón y la Corte Provincial delegó a otro en Guayaquil. García es el socio principal y gerente del Estudio Jurídico García & Partner, y Zavala es su socia. Son los abogados de todas las causas que enfrenta Espinel y representan también al exministro Vinicio Alvarado, en el caso de Sobornos que se lleva en Quito.

Fuente: El Comercio, nota original aquí: LINK