La Defensoría del Pueblo instó a la Fiscalía General a que las investigaciones que se realicen sobre el asesinato de Javier Viteri tomen en cuenta un posible delito de odio.

Javier Viteri fue asesinado en su departamento ubicado en el cantón Arenillas, en la provincia de El Oro. La autopsia reveló que recibió 89 puñaladas. Crédito: Shutterstock

La Defensoría del Pueblo instó a la Fiscalía General a que las investigaciones que se realicen sobre el asesinato de Javier Viteri tomen en cuenta un posible delito de odio.

La entidad se pronunció sobre el caso este martes 9 de junio. En un comunicado difundido en su página web se señala: “la Defensoría del Pueblo insta a las autoridades competentes, en especial a la Fiscalía, a que las investigaciones pertinentes consideren los hechos expuestos como un delito de odio, de conformidad con la legislación penal ecuatoriana”.

También exhorta a que los funcionarios encargados de las investigaciones realicen un trabajo de forma imparcial, “sin prejuicios ni estereotipos de género o por orientación sexual”.

El mismo llamado lo hizo a los medios de comunicación en el abordaje de las noticias sobre el caso. La noche del 27 de mayo del 2020, Javier Viteri fue asesinado en su departamento ubicado en el cantón Arenillas, en la provincia de El Oro.

La autopsia reveló que recibió 89 puñaladas. Por su parte, la Policía Nacional habló de un robo agravado después de capturar a un sospechoso que tenía pertenecías de Javier.

El sospechoso fue detenido en el fuerte militar de Arenillas. El caso generó reacciones de la comunidad Glbti (Gays, Lesbianas, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales).

El 1 de junio pasado, la Asociación Silueta X se pronunció en el mismo sentido que ahora lo hace la Defensoría del Pueblo y pidió la pena máxima para el detenido.

Respecto a las circunstancias del crimen, la Defensoría del Pueblo señaló: “Se deplora el posible cometimiento de un delito de odio, omitido por el fiscal a cargo, quien según el reporte de medios de comunicación públicos y privados, habría formulado su acusación por el presunto delito de robo con resultado de muerte, mientras el juez de turno ordenó la investigación por el delito de asesinato”.

La Defensoría señala en su comunicado que se mantendrá vigilante “del cumplimiento de las obligaciones en torno a la investigación, sanción y reparación frente a este repudiable accionar”.

Fuente: El Comercio-Nota Original: LINK