La atención médica que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) brinda a jubilados, amas de casa, personas con discapacidad y con enfermedades catastróficas son gastos que legalmente deben ser cubiertos por el Estado.

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Pero el Estado no ha cancelado estas atenciones desde el 2001, obligando al IESS a cubrirlas de su presupuesto. El balance del instituto evidencia que la deuda del Estado crece cada día. Hasta junio pasado, el monto ya ascendía a USD 3 101 millones, según documentos oficiales internos de la entidad a los que accedió este Diario.

La deuda del Estado fue eliminada en septiembre del 2016 de los balances de la entidad, luego de que una comisión conformada entre el IESS y el Ministerio de Finanzas concluyera que no existía deuda por la falta de Reglamento a la Ley de Seguridad Social. Pero un informe de la Contraloría de junio del 2017 determinó que la deuda debía restituirse en los balances del ente.

Para entonces, el saldo de la deuda era de USD 2 527 millones. El monto efectivamente fue restituido por el IESS. La Contraloría determinó multas y destitución para 16 funcionarios de la entidad, por haber suprimido el valor.

Entre ellos, estuvo el expresidente del Consejo Directivo del IESS, Richard Espinosa, quien apeló esta decisión ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Siguiendo la recomendación de un examen especial de la Contraloría, el IESS y el Ministerio de Finanzas crearon una comisión interinstitucional que debía establecer los valores adeudados por prestaciones de salud y determinar la forma de pago.

A la fecha, la comisión solo se ha reunido en dos ocasiones, el 10 y 16 de enero, indicó el IESS. Además, el cambio de autoridades en el Ministerio de Finanzas obligó a realizar una nueva designación de delegados para esta comisión, la cual se efectuó el pasado 21 de junio. “Se han convocado a nuevas reuniones por parte del IESS para fijar un cronograma de trabajo conjunto”, añadió el Seguro Social.