Verónica Potes, experta en Derechos Humanos y Ambientales, explicó, en NotiMundo a la Carta, que las políticas del Estado en favor de la explotación minera y petrolera afectan a las poblaciones rurales que han sido vulneradas por el Gobierno.

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El prefecto de Azuay, Yaku Pérez, planteó, ante la Corte Constitucional, la posibilidad de una consulta popular local para detener el desarrollo de la explotación minera en los páramos y fuentes de agua de la provincia.

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Según la experta en Derechos Humanos y Ambientales, Verónica Potes, lo que se busca con este proceso es prohibir que la extracción minera afecte a áreas ecológicamente sensibles de la provincia de Azuay. “La consulta es la herramienta que permite a los ciudadanos intervenir en las decisiones públicas“.

Sin embargo, para Potes, el Estado ecuatoriano, en varios casos, ha demostrado ser “deficiente en el desarrollo del deber de consultar y permitir la participación ciudadana“. Además, ha aplicado políticas discriminatorias que precautelan la vida en las áreas urbanas, pero no en las rurales.

“En las zonas urbanas no estamos conscientes de cómo se da la explotación de los recursos naturales. En la Amazonía, por ejemplo, hay un saqueo a los territorios indígenas, para ocupar sus recursos y no permitir que, en un futuro, estas poblaciones los puedan utilizar“, enfatizó Potes.

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