Cinco oficiales de las Fuerzas Armadas fueron convocados a la Fiscalía General para rendir versión en torno a la instrucción fiscal que existe por el supuesto delito de tráfico de armas y municiones pertenecientes a las Fuerzas Armadas y que aparentemente tenían como destino el grupo disidente Oliver Sinisterra, liderado por Walter Arizala, alias Guacho.

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El mayor Cristian Arias era el primero en la lista de convocados, pero no llegó a la versión dispuesta para las 09:00 de este miércoles. Quien llegó fue el mayor Andrés Velástegui y su versión duró cerca de una hora, luego de las 10:00 locales.

También estaba convocado el teniente coronel César Pinto, el teniente coronel Mauricio Rosales y la teniente Mariana Camacho.

Para Edwin Romero y Erick Huilca, defensores del procesado Martín A., es «preocupante» que hasta el momento solo estén siendo procesados personal de tropa de Fuerzas Armadas que obedecían ordenes y no exista ni un solo oficial de las Fuerzas Armadas investigado, pese a que son oficiales los jefes de los rastrillos.

«La responsabilidad recae sobre los oficiales por cuanto ellos son los que suscriben las actas de entrega y recepción del material bélico de las Fuerzas Armadas y no existe uno solo de ellos que esté privado de su libertad en este caso. (…) De parte de Fiscalía existen pronunciamientos muy apresurados, debido a que no existe un solo armamento, fusiles o pistolas, faltante en los rastrillos«, apuntó Romero.

Huilca sostuvo que contra su cliente, quien trabajaba en el destacamento militar Huancavilca en Guayaquil, y contra varios de los procesados en este caso, se ha cometido una «gran injusticia», debido a que de manera apresurada se inició una instrucción por tráfico de armas y no se ha verificado o constatado, por ejemplo, la información dada por el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, quien habría dicho que no existe ningún faltante de armas.

En este caso trece personas (siete militares y seis civiles) son procesadas y están detenidas en el Centro de Rehabilitación de Cotopaxi, en Latacunga. El viernes próximo serán llevados a Quito a rendir versiones.

En la diligencia, señaló Romero, habrían estado presentes abogados de las Fuerzas Armadas. Toda esta semana se receptarían versiones de oficiales militares.

Ese hecho para Romero es importante, pues estos oficiales deben ser claros en sus versiones y señalar cuáles eran las personas que se encontraban al mando de los rastrillos, quiénes son los responsables absolutos de los rastrillos, y quiénes realizan las actas de entrega y recepción, tanto del material bélico como de la munición.

Recordó que en este caso no existe faltante de armas, aunque reconoció que en el tema de municiones habría alguna novedad, la cual debería ser explicada por los oficiales a cargo de esas municiones.

Fuente: El Universo – Nota original: LINK