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El oficio FPP-CM-2017-000049-O llegó a la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía a las 17:19 del 25 de mayo del 2017. El escrito está firmado por la fiscal Diana Salazar, de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción.

Twitter Fiscalía

En el documento, de tres páginas, Salazar solicita que se tramite una asistencia penal a Brasil para “recabar elementos importantes que pueden ser útiles” en la investigación en contra de Odebrecht y su esquema de corrupción en el Ecuador.

Por los datos recopilados hasta ese 25 de mayo, la investigadora advierte que “se habrían efectuado pagos ilícitos desde cuentas controladas por la constructora a funcionarios públicos y particulares, con el fin de conseguir contratos con el Estado”.

Y luego asegura que todos los sospechosos posiblemente actuaron bajo una estructura identificada a escala internacional como grupo criminal organizado.

De acuerdo con los datos de la Fiscalía, entre las personas que habrían conocido estos hechos ilícitos están José Conceicao Santos, Fabio Andreanni Gandolfo y Fernando Fernandes Meias Bessa.

EL COMERCIO rastreó estos nombres e identificó que ellos fueron altos ejecutivos de Odebrecht en Ecuador.

Precisamente por esto Salazar pide a Brasil que “brinde las facilidades necesarias para obtener las declaraciones” de los tres exdirectivos y que, de ser posible, las diligencias se concreten entre el 5 y el 9 de junio. La fiscal viajó a Brasil esa semana.

Según el oficioFPP-CM-2017-000049-O, los tres exejecutivos “están dispuestos a colaborar con Ecuador”. Actualmente, Santos, Andreanni Gandolfo y Fernandes Bessa integran la lista de los 78 exejecutivos que decidieron entregar información a cambio de penas menores.

Información recopilada por este Diario refiere que Santos fue el último representante legal de la constructora en Ecuador, antes de la llegada de Sadinoel De Freitas Junior, actual apoderado de la compañía en el país.

Santos dirigió las oficinas en Quito desde el 2 de marzo del 2012 hasta el 29 de agosto del 2016, cuando fue sustituido por De Freitas Junior, según los datos de la Superintendencia de Compañías. Pero los primeros registros económicos de Santos en Ecuador datan de abril del 2002. En ese mes, él abrió el RUC 1791826337001 y señaló que se dedica a actividades de asesoramiento empresarial en materia de gestión.

En las últimas horas, el nombre de este ex alto ejecutivo de Odebrecht ha trascendido en medios brasileños.

Según los reportes de prensa, Santos entregó a la Justicia de ese país videos grabados clandestinamente de las reuniones que mantuvo con funcionarios ecuatorianos en estos años.

Las publicaciones precisan que la entrega de esas filmaciones se concretó como muestra de colaboración para recibir una sanción penal menor.

De Andreanni Gandolfo, en cambio, se conoce que fue nombrado representante de Odebrecht en Ecuador el 16 de octubre del 2007.

En Brasil, él también ocupó la dirección de superintendencia de la constructora. En julio del 2015, la Justicia pidió su captura para que entregue su versión en una indagación dentro del caso Lava Jato. Fernandes Bessa vivió en Ecuador desde 1993, según datos oficiales. Fue gerente de Odebrecht-Ecuador por tres ocasiones, entre 1993 y 1999.

Y dirigió la Unidad de Desarrollo de Negocios. Él y Andreanni Gandolfo han revelado a la Justicia brasileña supuestos actos ilícitos que ocurrieron en Ecuador, relacionados con una hidroeléctrica. Relataron que hubo un pago de USD 1 millón a un representante del Ministerio de Energía.

En su oficio, la Fiscalía también pide a Brasil que se remita “información relevante que relacione al Ecuador con los hechos investigados en el caso Odebrecht, especialmente documentos que contengan datos de por lo menos ocho contratos”.

Allí se cita a la Ruta Viva Fase I-II, la hidroeléctrica Manduriacu, la Refinería del Pacífico, el Trasvase Daule Vinces, el Acueducto La Esperanza, el Metro de Quito, la central Toachi Pilatón y el Poliducto Pascuales Cuenca.

Todos estos datos constan en el expediente judicial que actualmente ya es público, tras las capturas de seis sospechosos en Quito, Guayaquil y Latacunga, por supuesta asociación ilícita. Hay otros cuatro procesos que se mantienen en indagación previa (reservada), en los que se rastrea delitos relacionados con lavado de activos y concusión.

Fuente: El Comercio