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La disolución de la Fundación Pachamama ejecutada por el régimen de Rafael Correa en diciembre del 2013 “vulneró el debido proceso” y no siguió el procedimiento legal. Así lo señala el Ministerio de Ambiente (MAE), en una nueva resolución del 17 de noviembre del 2017, en la cual restituye la personería jurídica a la fundación, domiciliada en Quito.

Foto página oficial Fundacion Pachamama

Este lunes 20 de noviembre del 2017, los directivos de la ONG calificaron como una “victoria histórica” la decisión de Ambiente, y señalaron que “luego de haber sido arbitrariamente clausurada, Fundación Pachamama vuelve a trabajar en Ecuador”.

Pachamama aprovechó el llamado al diálogo que hiciera el presidente de Ecuador, Lenín Moreno. Apenas se inició el Gobierno (mayo del 2017), sus dirigentes empezaron un acercamiento con las nuevas autoridades. Y el MAE permitió que entregaran sus argumentos para demostrar que las resoluciones que los dejaron sin personería eran ilegales.

En diciembre del 2013, el MAE disolvió de oficio a la Fundación Pachamama, luego de que un informe del Ministerio de Interior “comprobara” que la ONG ejecutaba acciones que no constaban en sus fines y objetivos estatutarios.

Sin embargo, luego de la revisión del caso en el nuevo Gobierno, el 13 de noviembre del 2017 la Coordinación General Jurídica resolvió: “1.- Extinguir el Procedimiento Administrativo No. 0311-2013 iniciado en contra de la Fundación Pachamama; 2.- Disponer la restitución de la personería jurídica de la Fundación Pachamama; para lo cual, se dispone elaborar el instrumento legal correspondiente y notificar el mismo a la organización social en su domicilio”.

La restitución de la personería jurídica significa que la fundación vuelve a tener el mismo estatus jurídico. Ahora debe completar el trámite administrativo con la entrega de los estatutos actualizados y del directorio de la ONG.

Juan Auz, representante de la Fundación Pachamama, destaca que los funcionarios estuvieron, desde el inicio del trámite, dispuestos a escuchar sus argumentos y que siempre contemplaron la posibilidad de reabrir la ONG, que opera en Ecuador desde 1997.

Auz dice que la fundación trabajará en los mismos ejes que desarolló antes de perder la personería: defensa de los derechos de las poblaciones indígenas de la Amazonía; protección de los territorios y nacionalidades indígenas amenazados por proyectos extractivos y mineros; y alternativas económicas comunitarias.

Además, sostiene que la restitución de la personería jurídica no implica que aprobarán y apoyarán todas las acciones en materia ambiental que proponga el Gobierno de Moreno. Por ejemplo, dice que las preguntas que se propusieron en la consulta popular sobre estos temas son interesantes, pero no les convencen.

Sobre la posibilidad de ampliar la zona intangible del Yasuní, expuso que esa iniciativa se la pudo haber hecho más rápido con un decreto ejecutivo. Además, que la iniciativa no deja claro en donde se hará la ampliación y bajo que criterios se determinará este detalle.

Fuente: El Comercio