El asunto ya fue una de las principales preocupaciones de los votantes durante la campaña presidencial que concluyó en junio pasado con la victoria de Iván Duque, por encima incluso de la seguridad. Sin embargo, la llamada consulta anticorrupción debe superar el umbral de los 12 millones de votos en un país ya de por sí fatigado por el intensociclo electoral y que se distingue por sus altos niveles de abstención.
Esta consulta popular nacional, un mecanismo de participación ciudadana que se estrena en el país, incluye siete mandatos anticorrupción. Entre ellos, eliminar el beneficio de casa por cárcel (prisión domiciliaria) para los corruptos, que la contratación estatal sea más transparente y una reducción en el salario de los congresistas —que actualmente reciben 31,3 millones de pesos mensuales (algo más de 10.000 dólares)— a 19,5 millones (unos 7.000 dólares).
También propone normas para que la ciudadanía participe de los presupuestos públicos, obligar a los legisladores a rendir cuentas sobre su gestión e imponer como requisito que los políticos elegidos hagan público su patrimonio. El último punto sobre el que se consulta a la ciudadanía contempla limitar el mandato de los congresistas a máximo tres periodos de cuatro años.
