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La Procuraduría General del Estado se convirtió en parte procesal en el juicio penal que se sigue en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) contra el vicepresidente, Jorge Glas, y otros 17 inculpados. Pasadas las 13:00 de este jueves 28 de septiembre del 2017, Carlos Jurado, delegado del procurador General, Diego García, acudió a la CNJ.

En la Secretaría de la Sala Penal de la Corte, Jurado entregó un escrito con la acusación particular contra los 18 procesados investigados por el delito de asociación ilícita.

Entre ellos, además de Glas, se encuentra su tío, Ricardo Rivera; el excontralor Carlos Pólit, entre otros. Según la Constitución, son atribuciones de la Procuraduría “la representación judicial del Estado” y el control de “los actos y contratos que suscriban los organismos y entidades del sector público”.

La intervención de la Procuraduría en el caso Odebrecht se produce un día después de que el delator de Odebrecht José Conceição Santos declarara desde el Consulado de Ecuador en Brasil que la empresa brasileña habría entregado millones de dólares en sobornos para Glas, a través de su tío, a cambio de contratos en los sectores estratégicos de Ecuador.

El 20 de agosto pasado, en entrevista con este Diario, el procurador del Estado, Diego García, dijo que en el caso de asociación ilícita la intención de la Procuraduría es esperar hasta el cierre de la instrucción fiscal, para decidir la presentación de una posible acusación particular.

“Este sería el primer caso en el que podríamos presentar una acusación en contra de exfuncionarios de Odebrecht, para buscar reparación integral”, señalo. Al procurador se le preguntó ¿Qué se pedirá exactamente como reparación? Y contestó lo siguiente: “Vamos a pedir las cantidades que vayan apareciendo dentro de cada proceso.

Por ejemplo, en el caso de Alecksey Mosquera se habla de transferencias por un millón de dólares, en el caso de Ricardo Rivera se mencionan otras cantidades. Es decir, hay que ir haciendo estimaciones en cada proceso y será el juez el que determine esa reparación integral”.

Fuente: El Comercio