Paulina Araujo, abogada penalista, explicó que el manejo de recursos públicos acarrea una responsabilidad de demostrar su buen uso, y añadió que el intento por obstaculizar la fiscalización dificulta la transparencia en el país.

En Más Allá de los Hechos, Paulina Araujo, abogada penalista, explicó que la cantidad de los montos que se hayan destinado a Yachay es subjetiva, pues en Ecuador la mínima suma de dinero público debe estar justificado y la rendición de cuentas es una obligación que debe ser cumplida por todo funcionario público.

Rechazó la afirmación del exgerente Héctor Rodríguez sobre que las glosas son solo un comentario, sino que “es una determinación de responsabilidad por mala gestión de recursos públicos”.

Acotó que la querella que Rodríguez presentó en contra de la asambleísta Cordero por proferir expresiones de descrédito en su nombre no cabe pues, fue presentada ante un juez que no tiene fuero de corte nacional. Araujo dijo que la situación se agrava, pues no se cita a la legisladora para poner en conocimiento del inicio de la causa y se convoca a audiencia sin que siquiera sea notificada.

“Esta práctica desincentiva la crítica, el hecho de que no se permita analizar y la democracia se desvanezca. No puede primar el buen nombre sobre el interés nacional”, refirió.

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