A la hora de protestar, con la agilidad que le permiten sus 78 años deja el banco en el que estuvo sentada y empuña algún cartel elaborado en cartón o cartulina y se une a sus vecinos y a los moradores de la plaza que se oponen al proyecto.
Vicenta rechaza la posibilidad de que expropien su casa para construir el proyecto con el que se pretende paliar el problema de tráfico entre la urbe y el valle de Tumbaco. “Tengo mi casita más de 45 años. Quisiera que el Alcalde (Mauricio Rodas) viniera para que sepa los sacrificios (que hicimos) para construir. Con mis 4 guaguas chiquitos, cargando bloques, arena, ripio. Soportando lodo, viento, sol”.
El 15 de junio, el alcalde Mauricio Rodas dijo en su programa radial de los miércoles que la reubicación era inevitable. No especificó, sin embargo, si se movería a una parte o a todos los habitantes.
Según el gobierno local, las socializaciones del proyecto arrancaron el 12 de abril pasado; esto es, 7 días después de que iniciara la construcción. María Luisa Achig, otra moradora, reconoce las reuniones, pero dice que en “ninguna ha habido definición sobre qué va a pasar con nosotros. Solo se dicen generalidades sobre el proyecto”. Añade que están cansados y que no quieren saber nada de expropiaciones ni reubicación.
Los habitantes del barrio Bolaños fueron los primeros en manifestarse en contra de la obra. Pero no son los únicos. Moradores de zonas como El Batán, Batán Bajo, La Pradera e integrantes de la Red de Urbanistas del Ecuador se integran a las manifestaciones de los jueves.
La principal preocupación de estos actores son los efectos negativos que tendría la pretendida construcción de un paso elevado sobre la Plaza Argentina (ver entrevista).
Sin embargo, las consecuencias de la estructura en la ciudad no son las únicas preocupaciones derivadas de la obra. Los términos del convenio de asociación entre la empresa de obras públicas del Cabildo y la constructora China Road and Bridge Corporation (CRBC) también generan polémica.
Así, el numeral 5.1.1 del convenio establece entre los derechos de la constructora la posibilidad de suspender el proyecto en caso de generarse eventos extraordinarios.
El documento determina entre eventos extraordinarios, “(…) el desarrollo o puesta en operación de obras viales similares al proyecto para el acceso al sector centro-norte del Distrito Metropolitano de Quito (…)”.
Si tal cosa sucediera, el consorcio constructor notificará al Cabildo, “concediéndole un plazo de 45 días (…) para que remedie, corrija, rectifique, conteste o rechace la existencia del evento extraordinario y compense económicamente a CRBC”.
Esta situación ha sido criticada por el Observatorio Ciudadano de Movilidad y la vicealcaldesa Daniela Chacón, quien critica públicamente la obra desde el 13 de julio pasado.
El director del Observatorio Ciudadano de Movilidad, Cristóbal Buendía, cree que no solo impide nuevas obras viales, sino cualquier obra de movilidad en general. El aporte del gobierno local es de $ 13’500.000. En tanto que el resto de la inversión requerida correrá a cargo del consorcio chino, según lo estipulado en el convenio.
Esta llegaría a $ 154’183.233, según el Consejo Sectorial de la Producción, ante el cual la constructora presentó el proyecto con un monto total de $ 167’683.233.
Al arranque de la obra, el Alcalde había calculado que se requerirían $ 131’000.000. La concejala Ivone von Lippke, excoidearia de Rodas, considera que se debe optar por alternativas más económicas.
Por ejemplo, puentes con técnicas constructivas más baratas y el redireccionamiento de vías de la zona en lugar del intercambiador de la Plaza Argentina. (I)
DATOS
La totalidad de los ingresos que se obtienen en el peaje de la vía Interoceánica se invierten actualmente en la obra, según lo establecido en el convenio de asociación.
Una vez que termine la construcción, en el año 2019, los recursos se repartirán en un porcentaje del 10% para la empresa municipal de obras públicas y un 90% para el consorcio constructor.
Actualmente, el cruce por la vía cuesta $ 0,40. Durante el período de 30 años que durará la concesión de la Interoceánica, ese valor se convertirá de forma paulatina en $ 1,90, según el acuerdo.
Para la solución arbitral de las controversias que pudieran presentarse entre las partes, el documento señala jurisdicción en el extranjero, específicamente en la ciudad de Bogotá.
