La profunda crisis que azota a los estados brasileños podría agravarse con la exclusión de los funcionarios regionales y municipales de la reforma del sistema de pensiones propuesta por el Gobierno, cuya aprobación definitiva quedó para el mes de agosto.

Según el presidente, su Gobierno está adoptando todas las medidas necesarias para proteger a la población. Crédito: Shutterstock

El Ejecutivo del presidente Jair Bolsonaro consiguió esta semana una importante victoria en el Congreso después de que la Cámara de los Diputados diera de baja el primer empujón al proyecto, aunque todavía está pendiente de una segunda votación antes de pasar por el cribo del Senado.

El documento original propuesto por el Ejecutivo, que modifica las reglas de acceso a la jubilación de trabajadores del sector privado y funcionarios federales, sufrió algunos cambios por parte de los diputados y finalmente no incluyó a los estados y municipios.

Su exclusión no compromete el ahorro previsto por el Gobierno, pero, según economistas consultados por Efe, puede aumentar el desequilibrio de las cuentas regionales, presionadas por el pago de nóminas a los funcionarios públicos y las partidas destinadas a las pensiones.

Brasil cuenta con más de 11,4 millones de funcionarios públicos en las tres esferas de poder (federal, regional y municipal), un 83 % más que hace 20 años, según el Atlas del Estado Brasileño, lanzado en 2017 por el Instituto de Investigación de Economía Aplicada (Ipea).

Fuente: Agencia EFE – Nota Original: LINK