Guillermo Lasso es culpable. Esa fue la resolución que tomó la jueza Paola Dávila, en la Unidad Judicial de Samborondón.

El Telégrafo

La pena impuesta fue que elimine el vídeo de las redes sociales en 24 horas. Otra medida es que es que el precandidato presidencial del movimiento CREO no podrá acercarse a los demandantes, ni a la familia, y debe abstenerse de mantener contacto con ellos por cualquier medio.

El abogado de los esposos René Ramírez y Analía Minteguiaga informó que la sentencia es apelable.

Sin embargo, afirmó que para los ofendidos se ha reivindicado la verdad. Pese a la sentencia judicial oral, Lasso dijo ante un grupo de familiares y simpatizantes que él no acepta la decisión y que se ratifica en lo dicho en el vídeo que se publicó en sus redes sociales.

Detalló que serán sus abogados quienes determinarán cuales son las acciones a seguir. El precandidato a la Presidencia de la República aseguró que buscan amedrentarlo y advirtió que ellos -junto a su movimiento- «inaugurarán la justicia».

Mientras se desarrollaba la acción judicial en los exteriores un grupo de personas entre familiares, amigos y varios dirigentes corearon consignas en señal de apoyo. También hubo dirigentes de CREO, que vieron en este proceso una oportunidad de promocionar su imagen. Aún no se han designado candidatos para la Asamblea Nacional. Los esposos demandantes no acudieron a la diligencia.

En un comunicado, Ramírez aclaró que no solicitaron prisión para Lasso. «Nuestro objetivo con este proceso judicial, en ningún momento ha sido la privación de la libertad del procesado, sino ejercer nuestro derecho consagrado en el Art. 78 de la Constitución de la República, es decir el DERECHO A LA VERDAD PROCESAL.

De tal forma que, con la declaratoria de culpabilidad del procesado, las víctimas de esta infracción penal, nos sentimos satisfechas».

Ramírez enfatizó que cualquier candidato a la Presidencia de la República «debe estar apegado a la verdad y tener la valentía, en caso de haberse equivocado, de aclarar y pedir disculpas públicas por el error cometido».