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Hasta la semana pasada, el cese de funciones de los actuales miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) estuvo en un segundo plano, en el análisis político sobre la consulta popular.

El Telégrafo

Al interior de la Legislatura el debate se concentró en la reelección indefinida y en la Ley de Plusvalía. Sin embargo, desde el lunes, 23 de octubre del 2017, el ala más radical de los legisladores de Alianza País ha consensuado un discurso para rechazar las propuestas para modificar el Cpccs y, sobre todo, que una entidad transitoria pueda cesar tras una evaluación a los titulares de entidades de control.

Doris Soliz espera leer el análisis jurídico que presente la Corte Constitucional. A su criterio, la máxima autoridad legal del país no debería calificar la pregunta sobre el Cpccs. “Es el intento de golpe blando”, dijo la legisladora al referirse al posible cambio de consejeros por personas que designe la Asamblea, de una terna que podría enviar el Ejecutivo, en caso de que la pregunta sea aprobada.

Para ella, los consejeros transitorios tendrán “todos los poderes” para intervenir sobre las diferentes entidades del Estado. Esa potestad –añadió- le corresponde a la Asamblea Nacional. Por eso se atenderá el llamado que hizo Ricardo Patiño, segundo vicepresidente de Alianza País, para movilizarse.

Los legisladores esperarán que la dirección nacional del movimiento oficialista se reúna luego de conocer el pronunciamiento de la Corte. Augusto Espinosa, presidente de la Comisión de Educación de la Asamblea, se opone a las tres preguntas y también se sumará a las movilizaciones que estén lideradas por la dirección nacional de AP.

El azuayo, Juan Lloret, señala que la pregunta, tal como está planteada, es ilegal y debería dividirse en tres partes para que la ciudadanía pueda escoger. En la primera debería, a su criterio, preguntar sobre el cese de los actuales consejeros; en la segunda sobre la conformación del consejo de transición y en la tercera sobre las funciones que tendría esta entidad.

También estará dispuesto a movilizarse, de ser necesario. Marcela Aguiñaga, presidenta de AP en Guayas, comparte el criterio de movilizarse en contra de la consulta. Ella añade un elemento más: “Es en contra de haberse apartado de nuestro Plan de Gobierno por parte de Lenin Moreno”.

Junto a ella podría caminar la tungurahuense Lira Villalba. “Esperemos que seamos convocados ya para analizar las medidas… el pueblo y las bases de una organización política tiene que pronunciarse si eso (la manifestación) es un mecanismo valido, estaremos dispuesto a asumirlo”.

Fuente: El Comercio