Un grupo de legisladores afines al expresidente Rafael Correa denunciaron hoy una "persecución" contra ellos y aseguran que existe una "creciente tensión social" ante las políticas del Gobierno liderado por Lenín Moreno.

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Autodenominado Revolución Ciudadana y escindido del movimiento oficialista Alianza País, que encabeza Moreno, el grupo está integrado por 29 asambleístas y no se ha constituido en organización política por la negativa en tres ocasiones del Consejo Nacional Electoral (CNE), que argumentó que no cumplía los requisitos.

«Acá nos persiguen porque somos correístas, luego se inventan algún tipo de justificación para la persecución«, aseguró el legislador Juan Cárdenas en un desayuno informativo con medios extranjeros en Quito.

Al enumerar casos como el del exvicepersidente Jorge Glas, condenado por corrupción y en huelga de hambre en una prisión al sur de Quito, o la situación legal del propio Correa, prófugo de la Justicia en Bélgica por un caso de plagio, el asambleísta valoró que existe una «política procedente de Carondelet (Palacio presidencial) de arrinconar a los seguidores del expresidente».

«El CNE nos niega el derecho de participación en las elecciones«, comentó, antes de afirmar que «hay hechos que evidencian que la persecución es la prioridad y que la patria no importa».

Su correligionario Carlos Viteri, legislador por la Amazonía, señaló que la consulta popular celebrada en febrero «fue el punto de partida del desmantelamiento constitucional«, porque nunca tuvo aprobación del máximo órgano judicial.

El asambleísta censura que pese a haber recogido 500.000 firmas, más de la mitad requerida para poder constituirse en partido, «nuestra organización política está proscrita».

Dicen representar al 40 por ciento del electorado y adelantan que ante la situación de falta de representatividad desarrollarán alianzas puntuales en algunas provincias como Manabí, aunque aclaró que «no es una participación formal» en los comicios.

Afirma que en la actualidad se da una «insólita condición de carencia constitucional» y que las principales instituciones de control del Estado «están encargadas».

También apuntan a una «creciente tensión social«, supuestamente manifiesta en las protestas por parte de diferentes sectores sociales como estudiantes, transportistas, médicos, arroceros, pescadores artesanales y comunicadores.

«Es un momento de efervescencia, agitación y malestar social» que, según Viteri, se puso de manifiesto con una reciente manifestación con la que sacaron a la calle a miles de personas.

La asambleísta Amapola Naranjo vaticina que la aprobación del presupuesto estatal para el próximo año «va a ser un detonante» para más movilizaciones.

El Ejecutivo de Lenín Moreno ha llevado a cabo una serie de reformas estructurales en el aparato estatal para contrarrestar la ingente deuda y ha supuesto la fusión de ministerios y eliminación de vacantes, y políticas de austeridad para hacer frente al gasto público, al tiempo que busca dinamizar la inversión.

Este tipo de políticas son censuradas por los militantes leales al expresidente Correa, que consideran que el actual mandatario ha incumplido sus promesas electorales y sigue la agenda de la derecha.

Fuente: EFE, aliado estratégico de FM Mundo