El Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea decidió enviar ayer, martes 29 de mayo del 2018, el proyecto de ley urgente para implementar el programa económico a la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa.

Créditos: Asamblea Nacional

El documento no irá a la Comisión de Régimen Económico como el proyecto de ley de reactivación económica. Tradicionalmente los proyectos de ley económicos urgentes han sido tratados en ese organismo legislativo, que hoy está presidido por Pabel Muñoz, del movimiento Revolución Ciudadana (correísta).

El proyecto de Ley Orgánica de Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal, entregado por Lenín Moreno el pasado 24 de mayo a la Asamblea, fue calificado para esta comisión con cinco votos a favor y una abstención.

Patricio Donoso, vocal del CAL y miembro de la Comisión de Desarrollo Económico, anticipó que para el análisis del proyecto urgente solicitará la comparecencia de los ministros que conforman el frente económico y, fundamentalmente, de los representantes de los sectores productivos, quienes serán los encargados de aplicar las disposiciones constantes en la propuesta del Gobierno.

Semanas atrás, la presidenta del Legislativo, Elizabeth Cabezas, dijo que los proyectos de Ley irán a las comisiones que deban ir, porque se llegó a un acuerdo con todas las bancadas, entre ellos los correístas, para que no haya bloqueos.

El asambleísta Luis Fernando Torres, del PSC y miembro del CAL, defendió la decisión al argumentar que el proyecto no tiene cargas impositivas sino beneficios. Entre los incentivos están la condonación en el pago del 100% de intereses, multas y recargos de obligaciones tributarias. Con esta medida el Gobierno espera recaudar USD 774 millones hasta 2021.

De ese monto, se espera percibir USD 602 millones este año. De esta manera el Servicio de Rentas Internas (SRI) espera recuperar una parte de los USD 5 329 millones. Parte de ese monto se encuentra en litigio con la autoridad tributaria: hasta febrero se registraron 1 321 juicios de empresas.