El organismo fue creado luego de la aprobación de la Constitución de Montecristi, en 2008.
Sus integrantes, según la ley de participación, deben ser elegidos tras un proceso de selección y concurso de oposición y méritos.
No obstante, hubo críticas de sectores políticos y ciudadanos, pues se argumentó que sus integrante eran afines al gobierno anterior.
De allí que las decisiones y acciones de control y veedurías eran motivo de cuestionamientos.
Es así como el actual Gobierno, luego de la consulta popular, dispone un consejo de participación transitorio que, entre sus acciones, debía impulsar un proceso de elección popular, lo que marca un hecho inédito.
Tras una tarea de selección y análisis de los postulantes, finalmente 43 ciudadanos quedaron habilitados como candidatos para ser parte del nuevo consejo.
Se elaboran tres papeletas: una lista es de hombres, con un total de 28 candidatos; otra de mujeres, en la que constan 11 candidatas; y la tercera papeleta corresponde a las nacionalidades y migrantes, con 4 aspirantes. De ese universo los ciudadanos elegirán a 7 integrantes: 3 hombres, 3 mujeres y 1 por las nacionalidades.
En cuanto a sus trayectorias, 18 de ellos han participado en veedurías ciudadanas o en asambleas populares.
Entre ellos Fausto Lupera y Franklin Moreno Quezada han participado como candidatos para alguna dignidad.
El primero fue parlamentario andino, mientras que el segundo fue congresista. Un caso aparte es el de Patricio Ortiz James, excoronel del Ejército, quien en el gobierno de Lucio Gutiérrez fue ministro de Bienestar Social.
Al listado se suma un sacerdote, José Carlos Tuárez, quien en cambio fue suspendido por un año por la Iglesia católica, por considerar que había tomado una decisión sin consultar con sus superiores, algo que él niega.
En el listado de las nacionalidades consta el nombre de Francisco Bravo Macías, conocido en la provincia de Manabí por denunciar presuntas irregularidades en la administración del prefecto Mariano Zambrano.
Similar hecho es el del candidato Ramiro Armijos, oriundo de Loja, quien en 2013 fue parte de la veeduría ciudadana que impulsó la revocatoria del mandato del entonces alcalde de Loja, Jorge Bailón y 10 de los 11 ediles.
Sobre las propuestas, los candidatos coinciden en el fortalecimiento institucional para la lucha contra la corrupción.
Gina Aguilar, por ejemplo, en su plan de tres ejes propone implementar mecanismos para agilitar los procesos investigativos de las denuncias que recibe el Consejo y que se conforme un equipo para vigilar el trabajo de ministerios y secretarías. Juan Dávalos propone una consulta popular sobre las privatizaciones; y Mauricio Gallardo apuesta por un consejo consultivo en cada una de las provincias para que guíe el trabajo de control del Consejo de Participación.
Fuente: El Telégrafo- Nota original: LINK
