El presupuesto está proyectado por total de $ 34.853 millones. Los impuestos siguen siendo la principal fuente de ingresos permanentes. Se calculan $ 15,3 millones frente a los $ 14,7 millones del PGE de 2017. Una de las vías para llegar a esa meta es a través de modificaciones en el monto de deducción de gastos personales para fijar la base imponible del impuesto a la renta (IR).
Tendrá efecto en quienes perciben una remuneración mensual sobre los $ 3.000 y su calculo se determinará de acuerdo con el número de cargas familiares. Las personas que no tienen cargas harán menos deducciones y pagarán más.
El 11 de octubre el presidente Lenín Moreno difundió en cadena nacional su programa económico, en el que no mencionó ese aspecto, pero sí que las personas con sueldos mayores a esa cantidad incluirán para sus declaraciones el décimo tercer sueldo. Otro de los temas que destaca en la Ley de Reactivación Económica tiene que ver con reemplazar el uso de dinero en efectivo por medios de pago electrónico.
El proyecto legislativo traslada la competencia del manejo de los medios digitales (como el dinero electrónico) de manos del Banco Central del Ecuador (BCE) hacia el Sistema Financiero Nacional (banca pública, privada y cooperativas de ahorro y crédito). La norma permitirá usar esas herramientas para el pago de remuneraciones, servicios públicos y proveedores. La Junta Monetarias fijará los montos y los plazos.
Para Víctor Hugo Albán, vicepresidente del Colegio de Economistas de Pichincha, tanto la ley como el presupuesto responden a la situación que atraviesa el país. Las medidas que adoptará el Gobierno, afirmó, sí tienden a fortalecer a las micro y pequeñas empresas.
Considera que no habrá afectación a la clase media, como lo sostiene Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, quien asegura que los cambios en la deducción de gastos personales es un “castigo por no tener hijos”. Por otro lado, Albán dijo que es de esperarse que el presupuesto fiscal no tenga ajustes más profundos debido al alto nivel de financiamiento que requiere el Estado (cercano a $ 10.000 millones).
“A criterio del Colegio, la pro forma está perfectamente elaborada. Lo importante es que en igual porcentaje se mantienen (las asignaciones) a seguridad, salud y educación. Para nosotros esa es la mejor inversión que tiene el país”, dijo. (I)
