La decisión de una comisión parlamentaria de proseguir el trámite para un juicio político contra Dilma Rousseff la convierte en el tercer gobernante de Brasil que llega a esa instancia, aunque con más similitudes con el caso del destituido Fernando Collor que con Getulio Vargas, que fue absuelto.
Mientras que Vargas consiguió frenar el proceso de destitución en el plenario de la Cámara de Diputados en 1954 gracias al respaldo popular y parlamentario con el que contaba, el juicio contra Collor, cuya popularidad estaba en el piso y enfrentaba una mayoría opositora, así como ahora Rousseff, llegó hasta el Senado.
El «impeachment» (juicio político con fines destituyentes) es un instrumento presente en las constituciones brasileñas desde 1891 y se ha convertido en amenaza para varios jefes de Estado, pero su inicio tan solo ha sido autorizado para Vargas, Collor y Rousseff.
La figura, copiada de la legislación británica, nació en Inglaterra hace más de seis siglos y fue aplicada por primera vez en 1376, cuando el lord inglés William Latimer perdió la silla en el Parlamento tras ser considerado traidor por desvío de recursos.
El único brasileño que pasó por todas las instancias del juicio político hasta ahora fue el hoy senador Fernando Collor, que renunció a su mandato en 1992, un día antes de que el Senado lo destituyera por corrupción.
Pese a que no llegaron a ser sometidos ni a la primera fase del proceso, que es la evaluación de la validez jurídica del caso por parte de una comisión parlamentaria, varios presidentes sufrieron intentos de «impeachment», incluyendo el segundo desde la instauración de la República, Floriano Peixoto (1891-1894).
Sus opositores también intentaron abrir juicios políticos pero sin éxito contra los presidentes Campos Salles (1898-1902), Hermes da Fonseca (1910-1914), Fernando Henrique Cardoso (1995-2003) y Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011).
El caso de Rousseff solo está en su inicio. Tras la decisión de la comisión de darle continuidad al juicio por considerar que existen elementos jurídicos que lo validan, el caso fue remitido al pleno de la Cámara Baja, que tiene previsto votar sobre el asunto a partir del próximo viernes.
Si la Cámara Baja respalda por mayoría calificada (342 votos de 513 posibles) la apertura del proceso, el caso seguirá rumbo al Senado, cuyos 81 miembros decidirán, por mayoría simple, si dan lugar al juicio político en sí.
De llegarse a ese extremo, Rousseff tendría que separarse del cargo por 180 días, plazo que tiene el Senado para realizar el juicio y en el que sería sustituida por el vicepresidente, Michel Temer.
La comisión concluyó que existen indicios de que la jefe de Estado practicó actos que pueden ser enmarcados en dos de los «crímenes de responsabilidad» previstos en la Constitución para su destitución: la contratación de créditos suplementarios por decreto presidencial y la contratación ilegal de operaciones de crédito.
De acuerdo con la comisión, las maniobras mediante las cuales el Gobierno contrajo deudas con los bancos públicos para financiar sus gastos corrientes sin que los mismos apareciesen en los balances fiscales constituyen «crímenes de responsabilidad».
Las características comunes en los juicios contra Vargas, Collor y Rousseff son las graves crisis económicas enfrentadas por el país en los tres momentos, que dificultaron la gobernabilidad, y los problemas en las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Así como a Rousseff, la comisión que analizó de forma preliminar el proceso contra Getulio Vargas en 1954 consideró que el jefe de Estado había cometido crímenes de responsabilidad por haber favorecido con préstamos públicos a un periódico afín del Gobierno.
Pero gracias al apoyo que aún tenía en el Parlamento, la petición de apertura de juicio fue enterrada en el plenario de la Cámara Baja por 136 votos contra 35 favorables al proceso y 40 abstenciones.
Collor, el primer presidente elegido directamente en Brasil tras el fin de la última dictadura militar (1964-1985), fue sometido al proceso luego de que una comisión parlamentaria lo investigara por diferentes casos de corrupción.
El hoy senador perdió sus derechos políticos por ocho años luego de que se esfumó el respaldo de casi todos los partidos y tras las multitudinarias marchas en las calles que exigieron su renuncia.
La apertura del juicio en su contra fue aprobada en el pleno de la Cámara por 441 votos a favor, 38 contra y una abstención, y en septiembre de 1992 el entonces vicepresidente, Itamar Franco, asumió la jefatura del Estado.
Collor tenía en la época una impopularidad del 68 %, similar al 67 % de rechazo que obtuvo Rousseff en las últimas encuestas.
Como con Rousseff ahora, el juicio contra Collor fue apoyado por los partidos de oposición y por algunos que integraban la alianza oficialista y terminaron abandonándola.
En ambos casos la apertura del juicio político fue aprobada tras la decisión del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), la mayor fuera electoral del país, de desembarcar del Gobierno.
