En primer lugar, Bini fue acusado de intento de desestabilización, en el Gobierno del expresidente Lenin Moreno. Como esta denuncia no pudo ser probada, se le formularon cargos por ataque a la integridad de sistemas informáticos. De esta acusación tampoco hubo pruebas y, según su abogado, se cambió el tipo penal y se reformularon cargos por acceso no consentido en el sistema informático.
Sobre el allanamiento que realizó la Fiscalía General del Estado, como parte de una instrucción fiscal por el delito de fraude procesal, a las oficinas del Centro de Autonomía Digital, Soria aseguró que se trata de un nuevo intento de persuadir y tratar de intimidar a Bini y a la gente que trabaja con él.
Asimismo, Carlos Soria afirmó que Ola Bini está secuestrado en el país desde 2019 porque “ya son más de 3 años que él tiene que cumplir con medidas cautelares, presentación periódica en la Fiscalía y la prohibición de salida del país”.
Finalmente, manifestó que, hasta el momento, no se ha logrado encontrar nada en contra Bini y de su organización, y resaltó que los intentos de Fiscalía muestran ‘desesperación’.
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