«La ley ya está vetada», dijo a la prensa el jefe de Gabinete, Marcos Peña. La norma establecía retrotraer las tarifas de electricidad, luz y gas a noviembre pasado y atarlas a la evolución salarial. La medida implicaba un costo fiscal que el Gobierno estimó en unos 100.000 millones de pesos (unos $ 3.900 millones) en momentos en que le urge reducir un déficit fiscal de 3,9% del PIB y mientras negocia un auxilio financiero del Fondo Monetario Internacional para fortalecer su economía. «Es una ley irresponsable porque no fundamenta de dónde se paga aquello que se votó, que equivale a toda la obra pública al interior del país», dijo Peña.
La oposición había cerrado filas en ambas cámaras para aprobar la ley, lo que se produjo a las 06:20 GMT (01:20 de Ecuador) por 37 votos a favor y 30 en contra. Ya había sido aprobada en la Cámara de Diputados por 133 votos a favor, 94 en contra y tres abstenciones. El Gobierno no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras. La ley revertía alzas que superaron el 1.000% desde que asumió Macri en diciembre de 2015 con una política de quita de subsidios y ajustes de tarifas que estuvieron congeladas durante una década.
Sin embargo, los ajustes se producen en el marco de una inflación que fue del 36% en 2016, del 24,8% en 2017 y que se estima por encima del 25% para este año, pese a proyecciones oficiales del 15% desestimadas incluso por el FMI, que la situó en torno al 20%.
