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La acusación contra la vicepresidenta de la República María Alejandra Vicuña, por supuestos pedidos de contribuciones a un exasesor entre el 2011 y el 2013, se analiza en dos frentes: el judicial y el político.

Fotografía: El Comercio

El revuelo se avivó tras conocerse la declaración juramentada de Ángel Polivio Sagbay, exasesor de Vicuña en el período en que ella fue asambleísta por Guayas. En el documento afirmó que ella le habría pedido, para mantenerlo en el cargo, montos que iban presuntamente para la Alianza Bolivariana Alfarista, agrupación en la que milita Vicuña.

Ella dijo que esto es una infamia que deberá resolverse en el ámbito judicial. Ayer, 27 de noviembre, antes del mediodía, la fiscal encargada Ruth Palacios anunció que la institución actuaría de oficio. Luego, en la tarde, el exasambleísta de Creo, Andrés Páez, oficializó una denuncia contra Vicuña por presunto “cobro de diezmos”.

Por la noche, el presidente de la República, Lenín Moreno, dijo a través de Twitter: “Hemos creado las condiciones necesarias para una justicia y funciones independientes. Han recaído supuestas acusaciones sobre la Vicepresidenta. La institucionalidad creada y las instancias competentes determinarán si existen o no responsabilidades”.

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Sagbay dijo el pasado 26 de octubre, ante María Portilla Bastidas, notaría Décima Tercera de Quito, que trabajó en el despacho de Vicuña del 1 de junio desde el 2011 hasta el 31 de mayo del 2012 y que habría depositado USD 300 mensuales en la cuenta que Vicuña tenía en un banco de El Oro.

“Esta contribución me fue solicitada directamente por la exasamableísta María Alejandra Vicuña, como opción para darme el cargo de asistente de su despacho; ella me indicó que era una contribución obligatoria para el movimiento Alianza Bolivariana Alfarista (ABA)”, señala la declaración.

 

Luego fue ascendido a Asesor Uno en el despacho de Vicuña y ella le habría pedido subir la contribución a USD 1 400 entre el 1 de junio del 2012 y el 1 de mayo de 2013, cuando terminó el contrato.

“De lo declarado existe prueba plena y las evidencias de los depósitos en los estados de cuenta de mi cuenta de ahorros…”, reza el documento.

Ayer, Vicuña, en rueda de prensa, aseguró que Sagbay había exigido desde septiembre el cargo de Gobernador de Morona Santiago (él es originario de esa provincia) o de director provincial del IESS.

“Pero como no cedimos a este chantaje, a esta extorsión, hoy se hacen públicas estas calumnias.  Estos son los chats, que se han notarizado desde el lunes anterior”, precisó.

Vicuña dijo que el 13 de noviembre pasado, Sofía Espín, exlegisladora de AP que fue destituida esa noche, se habría acercado a una coordinadora de la bancada de AP y le habría indicado que tenía una declaración juramentada de un excolaborador de Vicuña que la involucraba y que tenía que detener su destitución “caso contrario, lo haría pública”.

Aseguró que desde el 2005 los aportes de ABA “han sido transparentes” y negó que se reciba aportes “por debajo de la mesa”.   En esa línea, dijo que “no los financia la banca, grupos de poder o Odebrecht” y subrayó que, como militantes, son ellos quienes financian a la organización. Vicuña insistió en que detrás de las denuncias en su contra estaría el exasambleísta de Creo, Andrés Páez.

Al finalizar, la Vicepresidenta agradeció la confianza del presidente Moreno y luego abandonó el Salón Azul.

Para concretar un enjuiciamiento se deben presentar ante el CAL 33 firmas. De ser calificadas, la Corte Constitucional deberá emitir un informe de admisibilidad. Luego el proceso va la Comisión de Fiscalización del Legislativo.

Tras las pruebas de descargo, la Asamblea votará sobre la solicitud de censura y destitución. Para que se apruebe se requerirá del voto de dos terceras partes, es decir 92 votos.

Fuente: El Comercio- Nota original: LINK