La crisis al interior del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) parece no avizorar un desenlace alentador. Escenas como las del pasado 1 de agosto, donde miles de usuarios buscaban desesperadamente acceder al agendamiento de una cita en el Hospital IESS Quito Sur, denotan una de las numerosas falencias en la administración de la entidad en el país.

Patricia Ochoa, esposa del general Jorge Gabela, manifestó que la propia Fiscalía, a través de un testigo protegido falso, sentenció a los detenidos como autores materiales del asesinato.

Jorge Luis Ortega, abogado del coronel de la FAE Vicente Illescas, aseguró que no existe peculado en la adquisición de los helicópteros Dhruv, como señaló la Fiscalía, pues el Estado recuperó más del monto inicial con el pago de los seguros de las aeronaves accidentadas.

Roberto Meza, perito que investigó el asesinato del general Jorge Gabela, aseguró que fue contactado por el equipo de la exministra de Defensa, María Fernanda Espinosa, para "sugerirle" no tocar el caso de los helicópteros Dhruv.

Ramiro Román, abogado defensor de la familia del general Jorge Gabela, recordó que la persecución de la cual fue víctima, junto a su familia, se debió a su oposición en la compra de los helicópteros Dhruv, de los cuales cuatro se accidentaron y tres dejaron de funcionar, sino también a la adquisición de 12 aviones cheetah y de radares chinos.

Dos exministros del Gobierno de Rafael Correa, Wellington Sandoval y Javier Ponce, y catorce oficiales en servicio pasivo y activo de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) fueron acusados como autores del delito de peculado en el proceso de adquisición de siete helicópteros Dhruv, en 2008. La reapertura del caso del asesinato del general Jorge Gabela, quien se opuso a la compra, pretende determinar si existe una conexión y evitar que el mismo quede en la impunidad, según declaró la fiscal general, Diana Salazar.