Hernán Pérez Loose, miembro del Comité de la Institucionalización Democrática, explicó que la reforma a la Asamblea Nacional tiene varias aristas, que incluyen una reducción considerable de legisladores. Este recorte según Pérez, dividirá en dos cámaras a la función legislativa, una de ellas un senado o cámara alta que será conformada por candidatos elegidos por un escrutinio público. Pérez aseguró que se ha demostrado una “enorme ineficiencia” en la Asamblea porque todos los legisladores tienen la potestad de fiscalizar, juzgar, aprobar leyes o designar funcionarios públicos. Lo que se busca con la reforma que plantea el comité, es que cada cámara reasigne las funciones de los asambleístas para generar mayor eficiencia y control en sus conductas, indicó Pérez.

El líder del Movimiento CREO, Guillermo Lasso, afirmó que el Gobierno de Lenín Moreno “cuida las espaldas del correísmo” y aseguró que “han demostrado que no son capaces de gobernar”. Agregó que el Ejecutivo no puede decir que ha cumplido con los ciudadanos porque existen falencias en las necesidades básicas. En ese sentido, manifestó que se puede superar la pobreza duplicando la producción petrolera y precisó que generar más endeudamiento no es la meta financiera que el país debe tener. Confirmó que será candidato presidencial en las elecciones de 2021.

Carlos Aguinaga, ex presidente del Tribunal Supremo Electoral, opinó que no se puede proceder a la eliminación de las cuatro organizaciones políticas; Juntos Podemos, Fuerza Compromiso Social, Justicia Social y Libertad es Pueblo, que Contraloría General del Estado recomendó eliminar al Consejo Nacional Electoral (CNE) del Registro de Organizaciones Políticas en agosto del año pasado. Según Aguinaga, una vez realizado el registro de los movimientos políticos; se crearon derechos, y sus causales de extinción se encuentran determinadas en la ley, y en este caso, corresponde al CNE justificar las razones de carácter constitucional o legal por las cuales incumplió la recomendación, dispuesta por el contralor Pablo Celi.

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, anunció que el Pleno electoral cumplió con las primeras recomendaciones emitidas por la Contraloría General del Estado respecto a la auditoría realizada al sistema informático del organismo y aclaró que la sanción administrativa interpuesta sobre ella y otros dos vocales fue realizada “al tercer día” y no tiene relación con las sugerencias iniciales. Informó que eliminar a cuatro organizaciones políticas atenta con los derechos de participación política y aseguró que en el CNE priorizarán el cumplimiento del Código de la Democracia.

Rafael Oyarte, abogado constitucionalista, aseguró que cuando la Contraloría General del Estado emitió una recomendación a los vocales del CNE, tenían la función de cumplirla, caso contrario se genera una responsabilidad administrativa. Pese a esto, Diana Atamaint, José Cabrera y Esthela Acero tendrán 30 días para presentar sus descargos. Si esto no se corrige, “la consecuencia es la destitución y multa”. Según Oyarte, los cuatro movimientos inscritos con presuntas irregularidades en las firmas requeridas para su creación, “deberían desaparecer y eso está en manos del Consejo Nacional Electoral". Agregó que, los ciudadanos son quienes pagan las campañas electorales de los partidos políticos con el financiamiento público.

Fabricio Villamar, asambleísta independiente, resaltó la propuesta de reintegrar la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional, para investigar los casos de repartos de puestos o cargos en instituciones públicas, pero puntualizó que dicha Comisión debe estar conformada por asambleístas que no estén involucrados en actos de corrupción o sean investigados por la Fiscalía General por tráfico de influencias.