Más de 640.000 venezolanos han ingresado en Ecuador en lo que va de 2018, pero un 18% se ha quedado a residir en el país, informó la Secretaría de Nacional de Comunicación (Secom).

En el mundo, el covid-19 provocó una afectación “desproporcionada” en los jóvenes, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Credito: El Telégrafo

En total, Ecuador ha sido la entrada de 641.353 venezolanos durante lo que va de 2018, de los cuales 115.690 se han quedado en el país, precisó la Secom en un comunicado.

Las cifras surgieron tras una reunión de varias autoridades del Ejecutivo para analizar las estrategias implementadas ante el inusual flujo de ciudadanos venezolanos en toda la región andina, que ha involucrado también a Colombia, Ecuador, Perú y Chile.

El canciller ecuatoriano, José Valencia, quien participó en la cita consideró que este fenómeno migratorio requiere una respuesta regional, por lo que convocó a una reunión de autoridades de la zona andina para el 3 y 4 de septiembre, en Quito.

Ecuador ha dado prioridad al ordenamiento, regulación, protección y control migratorio, como establece la Ley de Movilidad Humana que busca una efectiva identificación de cada ciudadano extranjero que ingrese en el territorio nacional para proteger sus derechos, así como de la comunidad de acogida, subraya el escrito.

En cuanto a la movilización de venezolanos desde el puente internacional de Rumichaca (en la frontera norte con Colombia) hasta Huaquillas (en la del sur con Perú), el ministro de Transporte y Obras Públicas de Ecuador, Boris Palacios, explicó las acciones implementadas por el Gobierno. Explicó que se han puesto en operatividad dos «corredores humanitarios» que han permitido trasladar de forma gratuita a más de 1.200 ciudadanos venezolanos, en condiciones vulnerables, desde Rumichaca hasta Huaquillas.

Según las asociaciones de venezolanos en Ecuador, la mayor parte de los emigrantes que vienen a este país, solo lo hacen temporalmente, pues su intención es pasar a Perú o Chile en busca de mejores oportunidades de empleo.

Fuente: El Telégrafo