La verificación del estado de los medicamentos en medio de la pandemia del COVID-19 se desarrolla con diversos operativos para revisar su fecha de caducidad, que sean de laboratorios autorizados, un correcto etiquetado y que su precio, en el caso de las farmacias privadas, sea justo sin especulaciones.

El Art. 217 del Código Orgánico Integral Penal, referido a la producción, fabricación, comercialización y distribución de medicamentos e insumos caducados, que se sanciona con pena de tres a cinco años de pena privativa de libertad. Imagen referencial: ShutterStock

Estos controles los realizan la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa), la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (Acess) y personal de la Gobernación del Guayas con mayor frecuencia.

Juan Carlos Vidal, coordinador zonal 8 de la Arcsa, explicó que la semana pasada acudieron a los hospitales del Ministerio de Salud (MSP), como el Guasmo sur, Abel Gilbert y maternidad del Guasmo; luego, al hospital de Los Ceibos y al Teodoro Maldonado Carbo, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), donde encontraron fármacos que no tenían el correcto etiquetado.

Él detalló que esto no se dio en todos los hospitales, y que fue un grupo pequeño de fármacos que no tenían de forma correcta el registro sanitario nacional y la frase “Prohibida su venta”, que garantiza que ese medicamento es de entrega gratuita para los pacientes sean del IESS o del MSP.

Añadió que a más de ese operativo, todos los viernes junto con Access desarrollan controles en diversos sitios que ofrecen productos y servicios relacionados con salud.

El pasado sábado hicieron la clausura de una farmacia en la calle Chimborazo, en la zona de la Bahía. Vidal explicó que en ese local se reportó la venta de productos caducados, entre los que se logró registrar fármacos como antibióticos, protectores gástricos, cremas antimicóticas, etc.

Añadió que en el establecimiento también se encontraron fármacos gratuitos que entrega la Red Nacional de Salud y cuya venta está prohibida.

“Ante las observaciones presentadas, Arcsa procedió a dar cumplimiento con lo que establecen los artículos 137 y 170 de la Ley Orgánica de Salud (LOS), que se refieren a la comercialización legal de los medicamentos”, dijo Vidal.

Según el artículo 170 de la Ley Orgánica de Salud (LOS), los medicamentos para su venta deben cumplir con los siguientes requisitos: estar debidamente identificados y etiquetados, sin alteraciones ni enmiendas; contener en sus etiquetas el número de registro sanitario nacional, el precio de venta al público y la fecha de expiración. Tampoco deben estar caducados; no provenir de instituciones de servicio social, de programas estatales, de donaciones o ser muestras médicas, entre otros aspectos.

Esta Ley dispone una sanción de clausura temporal o definitiva, de ser el caso con multa de hasta diez salarios básicos ($4000) por este y otros tipos de incumplimientos en materia de salud.

Arcsa y la Gobernación llevan la campaña de denuncia ciudadana de sitios que vendan fármacos con sobreprecios o de dudosa procedencia.

“Este es un mal hábito en las farmacias. Por ejemplo, si un frasco de vitamina C vale $1, te la venden a $2 porque todo el mundo está en la necesidad de tomar esta vitamina por la pandemia. No es justo que pongan el precio que les da la gana, menos en la situación que vivimos”, lamentó Vidal.

Nota Original: El Universo – LINK