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En Notimundo al Día, el jurista Milton Castillo analizó las contrataciones de la empresa brasileña en el país y el apoyo que pudo tener de ciertos funcionarios

Milton Castillo, jurista, excandidato a la Alcaldía de Quito y vinculado con una asesoría para Odebrecht, señaló que el denominador común que tuvo la empresa brasileña fue la defensa del expresidente Rafael Correa, quien -según afirmó el analista- descartó el anuncio de medios de comunicación sobre posibles actos de corrupción hace algún tiempo.

Citó una de las sabatinas que contó con la presencia del exsecretario de Comunicación, Fernando Alvarado, y con la del vicepresidente Jorge Glas. En esta, Diario La Hora reveló presuntos sobornos de la firma, publicación desacreditada por el exmandatario durante la transmisión. “Eso consta hasta en las redes sociales, para quien quiera revisarlo”.

Castillo negó haber tenido nexos con la empresa Odebrecht salvo una asesoría en un tema tributario en el 2008. “Nada tiene que ver esto con la candidatura a la Alcaldía que fue muchos años después”. Lo dijo en referencia a un artículo publicado por DatoCertero.com en el cual se afirma que el jurista habría recibido dinero para retirar su postulación al Cabildo para que ganase Mauricio Rodas.

Con respecto a la relación de la justicia americana en el caso de corrupción, Castillo explicó que el Departamento de Justicia de EE.UU. puso el caso ante la Corte norteamericana, en virtud de la Ley Anticorrupción de ese país que permite perseguir a funcionarios que tuvieren relación con empresas que cotizan en la bolsa o que tienen empresas en ese país y cometen actos ilegales o sobornan en cualquier parte del mundo.

“Habría que analizar lo que han hecho aquí. La calidad de sus obras versus el precio, pues nos han costado $800 millones”.

A su criterio, la Fiscalía ya conocía desde hace mucho tiempo los casos y los funcionarios involucrados y no comprende por qué no fue anunciado antes. “No sabemos si directamente la información estaba bajo 7 llaves para Ecuador”, sostuvo.

Solo los funcionarios públicos de los gobiernos -dijo- están en capacidad de recibir esa información. “Pero los ciudadanos estamos en el derecho de exigir la misma rigidez para los involucrados como la que se ha tenido con otras personas”.