Sybel Martínez, vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos de Quito, explicó que el Distrito de Educación Zona 9 alegó no haber encontrado pruebas contra la maestra que "amordazaba, amarraba y torturaba" a sus alumnos.

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A través de medios de comunicación, se dio a conocer sobre una denuncia contra una docente del Instituto Nacional Mejía que, durante dos años lectivos, habría maltratado a sus alumnos. Sin embargo, después de ser suspendida por 90 días, la supuesta agresora regresó al plantel educativo.

Sybel Martínez, vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos de Quito, explicó, en NotiMundo a la Carta, que la denuncia fue prácticamente ignorada por el Ministerio de Educación. Esto, porque las autoridades designaron al Distrito de Educación Zona 9 para realizar las investigaciones pertinentes; quien concluyó que no existían pruebas para sancionar a la presunta agresora.

Para Martínez los testimonios y evidencias que mostraron las victimas y sus padres eran suficientes no solo para sancionar a la docente, sino, también, para iniciar una acción penal, en la Fiscalía, por posible tortura. Incluso, señaló, existe un certificado del IESS de las secuelas postraumáticas que dejó esta experiencia en uno de los menores.

“Los niños eran amordazados por ponerse de pie y eran atados de dos a tres horas. Había cuatro niños que eran maltratos físicamente todo el tiempo y el resto veía. Además, les soplaba máchica en la cara. Los niños no podían ir al baño, porque para ir tenían que tomar leche con ají“, relató la Vicepresidenta.

Martínez aseguró que la reincidencia de estos hechos de violencia en el sistema educativo se debe a la falta de políticas públicas, que permitan a los menores de edad ser vistos como sujetos de derechos, en lugar de objetos de derechos. En la actualidad, subrayó, “estos niños ni siquiera pueden salir al recreo, porque la agresora está ahí”.

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