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El Ministerio de Educación presentó, ante la Asamblea Nacional, el Proyecto de Ley Orgánica para la no caducidad de la acción sancionatoria administrativa respecto a delitos sexuales cometidos en contra de niños, niñas y adolescentes.

El Telégrafo

A través de un comunicado difundido este jueves, 19 de octubre, se conoció que esta propuesta plantea gestiones concretas para proteger y asegurar la integridad física y psicológica de los estudiantes en los establecimientos educativos (públicos, fiscomisionales, municipales y privados) del país.

Esto, según el documento, será posible “a través de la aplicación de acciones disciplinarias y sancionatorias en todos los casos de violencia o abuso sexual en contra de los niños, niñas y adolescentes”.

Con esto, se espera que la autoridad educativa aplique sanciones administrativas, sin perjuicio de las acciones penales que correspondan, conforme a la naturaleza del vínculo laboral de los presuntos responsables de la infracción y de quienes, estando obligados por negligencia, culpa o dolo, no impidan su realización.

El texto incluye reformas a Ley Orgánica de Servicio Público en relación a la no prescripción de las acciones presentadas contra servidores del sistema educativo en los casos de violación o abuso sexual en contra de niños, niñas y adolescentes.

Además, solicita la inclusión en el Código del Trabajo de una disposición general relacionada con la exención de las limitaciones previstas en esta normativa sobre la prescripción para la acción de despido o terminación de los contratos de trabajo en los casos que el servidor esté vinculado al cometimiento de delitos de violación o abuso sexual en contra de niños, niñas y adolescentes.

De esta manera, la autoridad educativa nacional podrá conocer, sumariar y sancionar en cualquier tiempo este tipo de infracciones, con el objetivo de depurar del sistema educativo a los malos elementos, docentes o administrativos que agreden a la niñez, a la comunidad educativa y a la sociedad en general.

Las medidas efectuadas La propuesta se presenta luego de varias denuncias contra docentes que habrían cometido agresiones sexuales en diversos establecimientos educativos. Uno de estos se suscitó en la Unidad Educativa Réplica Aguirre Abad, en Guayaquil.

La Fiscalía ya está receptando las versiones de las víctimas y fue destituida la rectora del plantel. Otro caso sería en una unidad educativa bilingüe en Calderón (norte de Quito).

Según investigaciones preliminares anunciadas por Fiscalía, Antonio Ch., docente de la institución, quien fue detenido el pasado miércoles, sería el responsable de al menos 10 agresiones.

María Augusta Montalvo, directora Distrital de Educación, informó que se inició el proceso para destituir definitivamente al maestro del sistema educativo, quien fue docente durante 12 años.

En este caso se conoció que el profesor contaba con un sumario administrativo que fue archivado. Ante tal situación, la Dirección Distrital inició sanciones contra la Junta Distrital que estuvo a cargo del caso por haberlo archivado y se ordenó su inmediata reapertura.

Además se conoció el caso de un docente que habría cometido acoso sexual en la Concentración Deportiva de Pichincha. Sobre este punto, Montalvo advirtió que el docente ya fue detenido y las investigaciones cumplen su proceso.

Otro caso que se habría suscitado es en una academia de ballet, en el Valle de Los Chillos, en donde 100 niñas, presuntamente, fueron abusadas y acosadas sexualmente por uno de los maestros de danza.

En torno a este tema, Montalvo explicó que se trata de una institución privada que no estaba regentada por el Ministerio de Educación.

“Nosotros como Ministerio de Educación estamos certificando que la academia no es un colegio de artes y en consecuencia no se encuentra bajo la rectoría de Educación”, expresó la funcionaria.

No obstante, Montalvo advirtió que eso no significa que la cartera de Educación no haya tomado acciones en este proceso. “Si es que de parte del Ministerio podemos actuar para que se judicialice el caso, estamos dispuestos a hacerlo”.

Fuente: El Telégrafo