La ministra de Gobierno, María Paula Romo, escribió, la mañana de este domingo 26 de enero en su cuenta de Twitter, que la Defensoría del Pueblo no constató “ni lo más elemental”, sobre el número de fallecidos en el paro nacional.

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Romo agregó que el objetivo final de estos grupos afines al expresidente es la "búsqueda de impunidad".Créditos: Twitter Ministerio de Gobierno.

La publicación se da en medio de una polémica por la cantidad e identidad de los muertos durante las jornadas de protesta nacional en octubre del 2019. Romo adjunta en su publicación un video que data del 15 de octubre del 2019.

En ese entonces, junto con el mando policial, explicó sobre la posibilidad de que el nombre de una de las personas fallecidas en las protestas de octubre y que salió en los informes de Defensoría del Pueblo se haya repetido.

La Ministra dijo en esa grabación de octubre que el nombre de José Rodrigo Chaluisa no aparecía en los registros que tenía la Policía. Aclaró que entre las víctimas constaba el de José Chaluisa. Por lo que podría tratarse de una repetición.

“Aparecen como dos personas distintas, aunque nosotros no hemos podido conseguir en ninguna institución la existencia de esta segunda persona de apellido Chaluisa”, sostuvo entonces.

En el tweet que publicó este domingo advierte que los informes que emitió la Defensoría fueron tomados en cuenta por la Asamblea Nacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo envió un comunicado de prensa la tarde del viernes 24 de enero. En el documento señala que esa institución realizó un monitoreo “de las vulneraciones a los derechos humanos durante el paro nacional de octubre de 2019”.

Además, sostiene que reportó “más de 2 543 víctimas entre personas aprehendidas arbitrariamente, fallecidas y heridas”. En el documento no se hace referencia a la precisión sobre el número de muertos.

Por otro lado, se refirió a la creación de la Comisión para la Verdad y la Justicia en el que participa “un grupo de representantes de la sociedad civil” que tiene como objetivo investigar lo sucedido durante las manifestaciones y así contrastar y verificar “los resultados arrojados por el monitoreo de la Defensoría del Pueblo”.

La fecha establecida para la entrega del informe de la Comisión para la Verdad es el 24 de marzo de este año, “con lo que se espera arribar a una posterior reparación integral para las víctimas y sus familias”, señaló la Defensoría.

Fuente: El Comercio – Nota Original: LINK