En medio del inminente cierre de una operación comercial con China para la venta de 50,04 millones de barriles de crudo ecuatoriano, el ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, René Ortiz, reconoce que existe reventa de crudo y asegura que “así es como funciona el mercado”.

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Para el ministro, la mayoría de los compradores de crudo son traders y una vez comprado el producto, el vendedor en altamar busca el mejor destino. “Se llama reventa, es lo que ocurre”, dijo.

Y argumentó que muy pocas veces ocurre que se venda directamente a una empresa, y puso como ejemplo la refinería de Talara en Perú, considerando que es una excepción.

Las declaraciones del ministro se dan cuando el Gobierno está empeñado en que Petroecuador firme dicho contrato que, a su vez, servirá para que el Ministerio de Finanzas acceda a un crédito por $1400 millones que sería entregado por el Industrial Commercial Bank of China.

El borrador del contrato, que fue revelado por el activista político Fernando Villavicencio, establece que se venderán los 50,04 millones de barriles (en 139 lotes de 360 000 barriles cada uno) con un premio de $1,30 y hasta el 31 de marzo de 2025. Pero además se indica que el contrato que se celebraría con Petrochina será de libre destino a opción del comprador.

Este último punto es controversial porque contradice los convenios de alianza estratégica que se firmaron justamente con China, que lo que buscaba es una venta directa para que el beneficio sea mutuo, y no haya intermediarios. Además, la Contraloría General del Estado ya observó esta mala práctica de Petroecuador y pidió rectificación.

La Contraloría señaló en el examen especial DA3 0015 2012 que Petroecuador suscribió el contrato 2020253 el 31 de agosto de 2010 determinando el “libre destino de los embarques” de los crudos ecuatorianos “sin considerar que en la negociación con empresas estatales el destino exclusivo de los embarques son sus refinerías y de esta manera evitar afectar el merado de Petroecuador”.

En ese informe se indicaba que a Contraloría se le hizo difícil verificar si el crudo adquirido por empresas estatales amparadas en convenios, alianzas estratégicas y contratos correspondía a un capital netamente estatal, para así asegurar de que los destinos de los mismos sean sus refinerías o sus instalaciones, evitando que el crudo ecuatoriano se comercializa externamente a precios superiores a los adquiridos a la empresa pública de hidrocarburos” . Además hablaba de que una de las empresas que realizaron los fletes de este contrato era Taurus, conocido intermediario.

Pero, además, en la política de comercialización de Petroecuador para contratos de alianza estratégica se establece que la subgerencia de Comercialización Internacional de las empresas estatales, a más del diferencial que se establezca estimulará en el contrato una cláusula por la que el lote de crudo a entregarse debe ser destinado exclusivamente a sus refinerías.

Este tipo de normativa sí se cumplió –en cambio– en este mismo Gobierno, cuando se firmó un contrato de mediano plazo con otra empresa estatal: Petroperú.

En el contrato de 2018 para la venta de 2,8 millones de barriles de crudo Oriente se establece que el destino del crudo debe ser justamente a las refinerías de propiedad de la empresa compradora. Pero más aún indica que “en caso de que el comprador hubiera recibido el crudo Oriente objeto de este contrato en un sistema refinador que no fuera de propiedad exclusiva de Petroperú, dicho incumplimiento será causal de terminación unilateral del contrato. “Sin derecho a reclamo” .

Sobre el borrador del contrato, el ministro Ortiz ratificó que aún no existe nada dicho y que se siguen afinando las condiciones. De acuerdo con fuentes de Petroecuador, dentro de la estatal existe resistencia a firmar un contrato de este tipo.

En primera instancia, Petroecuador había indicado en un informe que Ecuador podría perder $119 millones con una venta de este tipo, pero enseguida el presidente Lenín Moreno emitió un decreto para que los directorios de las empresas estatales no solo tengan en cuenta la rentabilidad para la empresa, sino el beneficio del Estado en general.

Para Luis Calero, experto en petróleo, conceptualmente no deberían existir las alianzas estratégicas y todos deberían participar en licitaciones. Explica que cada empresa estatal defiende sus intereses y casi siempre tiene detrás a los intermediarios.

Sin embargo, considera que es poco viable vender directamente a refinerías. En el caso de China, por ejemplo, el flete sería demasiado oneroso, explica. Por ello, asegura, en la Ley de Empresas Públicas ya se establece que los contratos entre empresas estatales de otro país se podrán hacer y las cláusulas que se acuerden entre ellas serán los que prevalezcan. Para terminar con estos problemas, lo mejor sería que se realicen licitaciones.

Nota Original: El Universo – LINK