De la Torre subrayó que es legal transferir los recursos de una cuenta a otra en función de requerimientos de corto plazo.

Cortesía Asamblea Nacional

El ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, atendió este jueves a una convocatoria del 8 de enero, a pedido del asambleísta y vicepresidente del Consejo de Administración Legislativa (CAL), Carlos Bergmann, para que explique sobre los $ 300 millones que fueron tomados del Fondo de Solidaridad.

En la rueda de prensa participó también el presidente de la Asamblea, José Serrano. En su intervención, De la Torre explicó que la operación realizada se inscribe dentro del concepto de manejo integral de liquidez de la Cuenta Única del Tesoro.

«Esto implica que las cuentas y subcuentas de la liquidez del tesoro, es decir, de las finanzas públicas de un país, se tienen que manejar de forma integrada», apuntó. En ese sentido, señaló, que se pueden transferir los recursos de una a otra cuenta, en función de los requerimiento de corto plazo que puedan requerirse en momento determinado.

Dijo que este concepto técnico, que es de uso internacional, está recogido en el Código de Finanzas y una resolución entre el Ministerio de Finanzas y el Banco Central del Ecuador (BCE), que establece que la transferencia se puede realizar frente a situaciones excepcionales y la devolución de los recursos deben hacerse de forma inmediata en cuanto se resuelva esta situación.

El funcionario sostuvo que en diciembre de 2017, los flujos a la caja fiscal por concepto de ventas petroleras, exportaciones, desembolsos de créditos contratados en el país, no llegaron con la velocidad que se esperaba por distintas razones, y «eso generó una necesidad de liquidez en la Cuenta Única del Tesoro, para lo cual nosotros acudimos a estos recursos. Eso fue el 27 de diciembre».

Añadió que ya con la regularización de estos flujos desde el exterior, desde el 9 de enero se reintegraron los recursos y el 10 de enero se completó su saldo original. Los $ 300 millones se utilizaron en pagos a saldos finales de cuentas y pago de obligaciones con proveedores y Gobiernos Autónomos Descentralizados, subrayó.

Dijo que este mecanismo se ha usado en otras ocasiones. Durante los dos primeros meses, luego del terremoto, hasta que sea aprobada la Ley de Solidaridad, en que se registraron requerimientos financieros importantes que fueron pagados desde la Caja Fiscal.

«En este sentido, la Caja Fiscal también apoyó con el propósito de financiar los recursos para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto de 2016», apuntó. Aclaró que Gobierno Nacional estará siempre apoyando e impulsando el proceso de reconstrucción.

«Durante el lapso que se requirieron los recursos asignados para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto, jamás se registró algún inconveniente en el sentido de continuar con los pagos normales destinados a las obras en Manabí y Esmeraldas», dijo De la Torre.

Para el próximo martes está previsto que la Asamblea Nacional trate una resolución para la comparecencia en el pleno del ministro de Finanzas, requerida por otros legisladores.

Carlos Bergmman aclaró que ayer votó en contra de esa propuesta, por considerarla «demagógica y politiquera». Recordó que en mayo de 2016, el movimiento CREO- que anunció impulsaría un juicio político al ministro de Finanzas- votó en contra de la Ley de Solidaridad.

Fuente: El Telégrafo