La designación de cinco funcionarios generó dudas y críticas de distintos sectores políticos y sociales. Por esta razón, el CJ solicitó a la Dirección de Transparencia información sobre la gestión de los observados y no se encontró ninguna falta en sus expedientes. La segunda forma de revisar esas designaciones fue a través de impugnaciones ciudadanas.
Ayer, el Pleno de la Judicatura se reunió para conocer y analizar los reclamos presentados y tomar una determinación. Ese fue el último punto en el orden de la cita. Pero, ayer en la noche se suspendió antes de que se tome una resolución.
Hoy continua el análisis. Previamente se conoció que dos de los cinco fiscales criticados habían puesto su cargo a disposición. El primero es Fabián Salazar, quien había recibido el encargo en la Fiscalía de Sucumbíos. Él declinó el nombramiento porque “considera que es un funcionario técnico y no político”. Se venía desempeñando como fiscal de Pichincha luego de la suspensión que recibió Thania Moreno.
Salazar había sido criticado por su cercanía con el Régimen anterior y por casos como el paso de la administración de la cesantía del Magisterio al Biess. El segundo caso es el de Guillermo Moreno, hermano del presidente Lenín Moreno, en Napo.
Él dijo públicamente que ha puesto su encargo a disposición de la Judicatura para que decida qué hacer. Esa declaración se dio un día después de que el Primer Mandatario le pidiera que dé un paso al costado por los reclamos por incurrir en un supuesto nepotismo.
