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El diálogo que buscaba poner fin a la jornada de protestas en el país centroamericano quedó en puntos suspensivos, luego de que las partes no alcanzaran un consenso.

Efe

La tercera sesión de diálogos entre el gobierno de Nicaragua y los sectores sociales que protestan en su contra, conocida como la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, no llegó a un consenso y la comisión de mediación suspendió las conversaciones de manera temporal.

Nicaragua vive intensas protestas desde el pasado 18 de abril, cuando diversos sectores sociales se tomaron las calles para rechazar una reforma de la ley de seguridad social que luego el presidente Daniel Ortega echó para atrás.

Las protestas escalaron tras la respuesta violenta del gobierno de Nicaragua, que en un reciente informe entregado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconoció la muerte de 76 civiles. El informe también da cuenta de 438 detenciones.

Las protestas son la crisis más grave que ha enfrentado el gobierno de Daniel Ortega, quien lleva once años en el poder. El exguerrillero ha sido un mandatario controversial, ha dado un crecimiento estable a la empobrecida nación centroamericana, pero sus críticos alegan que su mandato se ha transformado en una dictadura familiar.

En los diálogos de este miércoles 23 de mayo, los líderes de la protesta piden discutir temas que para el gobierno son líneas rojas: adelantar elecciones, prohibir la reelección presidencial y cambiar el Consejo Supremo Electoral, entre otros.

Para el gobierno de Nicaragua esas demandas son un “intento de golpe de estado” desde la mesa de dialogo. El canciller de Nicaragua, Dennis Moncada, dijo: “el diseño de una ruta para un golpe de Estado, es el diseño de una ruta para cambiar el Gobierno”.

El obispo Jorge Solórzano, que hace parte de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, mediadora del dialogo, declaró: “estamos recibiendo los diversos puntos, las diversas opiniones, y los presentamos en la mesa, es la población la que nos hace la agenda”. En respuesta a las acusaciones del gobierno que no reconocen la agenda de dialogo.