Virginia Gómez de la Torre, directora de la Fundación Desafío, aseguró al proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en Casos de Violación es solo un mínimo avance en materia de salud para las mujeres.

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Foto: Notimundo

En Notimundo al Día, la directora de la Fundación Desafío, Virginia Gómez de la Torre, precisó que el proyecto de Ley que ampara el aborto en caso de violación no establece como norma que las afectadas se realicen el procedimiento, sino que se establece como fecha máxima las 28 semanas de gestación, para poder acceder a este derecho.

En el caso de niñas y adolescentes que requieran de esta práctica, la activista dijo que igual lo harán durante los primeros meses de haber sufrido el abuso. Aclaró que “el aborto no se está despenalizando en Ecuador, pues lo que se está viviendo es un avance mínimo”, el cual permite que la interrupción del embarazo no sea penada por la Ley.

En este sentido, recordó que el aborto por violación en el país era permitido únicamente para las mujeres con discapacidad mental. “Hemos vivido 83 años con ese marco jurídico” expresó Gómez de la Torre, y añadió que la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional deberá continuar con el debate. “Hay un mandato de la Corte Constitucional de elaborar una Ley que regula el aborto que regula el procedimiento en caso de violación”, añadió.

Gómez de la Torre anunció que “cada caso tendrá un tratamiento distinto, y que aún quedan muchos pasos que dar en esta materia. “En países como Colombia, México o Argentina, no hay plazos para la interrupción del proceso de gestación”, dijo. En el caso de la objeción de conciencia, planteada en el proyecto del Legislativo, Gómez de la Torre refirió que es un derecho que no debe afectar a terceros.

“La objeción de conciencia no puede ser un cheque en blanco; no puede objetar quien atiende una farmacia o el chofer de la ambulancia, sino el profesional de salud que realiza el procedimiento”, dijo, y añadió que esto debe estar normado por ciertos parámetros. Además, reiteró la necesidad de actualizar los protocolos para los distintos eventos obstétricos que rigen ahora sobre las mujeres.

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